Eugenia y María se encuentran frente a las puertas del Ayuntamiento de Jerez, desde primera hora de la mañana, junto a un cartel en el que reclaman un cambio de vivienda. Son dos vecinas de la zona residencial de Calipso, al sur de Jerez, que aseguran tener dos menores a su cargo. Según relatan ellas mismas, cada día reciben amenazas e insultos por parte de uno de los vecinos de su planta.
“Salimos de casa con la cámara de video del móvil encendida por miedo a que nos hagan algo”, reconoce Eugenia, madre de los dos menores que supuestamente también sufren estas amenazas y nuera de María, la mujer que la acompaña en su denuncia, aunque no vive con ella. “Su hija, de quince años, está atemorizada”, cuenta María. “La criatura no va al instituto por el miedo que tiene a cruzarse con los vecinos”, subraya. “Nosotros no hemos hecho nada, no es justo que tengamos que pasar por esto”, concluye Eugenia.
Las dos mujeres aseguran que, antes de sentarse frente a las puertas del Ayuntamiento, “lo han intentado todo”, pero que nadie les hace caso, "ni la policía, ni Emuvijesa”, que es la empresa municipal encargada de gestionar la vivienda social. Desde esta entidad reconocen haber recibido la solicitud de Eugenia, "comprobando que esta señora es adjudicataria de una vivienda pública, por lo que no se le puede adjudicar otra vivienda mientras que no exista una orden de alejamiento o hasta que la afectada no haga llegar una denuncia policial a los servicios sociales y estos tomen una resolución al respecto”.
Eugenia manifiesta haber puesto una denuncia contra su vecino, sin obtener resultados: “la policía no hace nada, saben que estoy amenazada de muerte y ni siquiera piden una orden de alejamiento”, asegura. Según fuentes cercanas a la Policía Local de Jerez, esta vecina de la zona de Calipso “no está contando toda la verdad” al omitir en las declaraciones hechas a este medio diversas circunstancias que podrían haber motivado el malestar vecinal.
Tras las reyertas ocurridas en la zona residencial de Calipso el pasado mes de septiembre, zanjadas con un herido por arma blanca que podría estar directamente relacionado con este caso, el Ayuntamiento comunicó en nota de prensa que desde la empresa municipal Emuvijesa estan haciendo todo lo posible por "recuperar el clima de convivencia en la zona, aplicando medidas ejemplarizantes para atajar los casos concretos de conflectividad vecinal".
Sin embargo, la realidad en esta zona de Jerez sigue siendo muy dura: los vecinos llevan muchos años soportando ocupaciones ilegales, venta de drogas, peleas con hachas, navajas y pistolas y numerosos enfrentamientos que hacen que "la convivencia sea totalmente imposible", tal y como declararon algunos de ellos a este medio después de los hechos acaicidos el pasado mes de septiembre.
Desde la empresa municipal de la vivienda afirman que el caso concreto de Eugenia "es más complejo de lo que parece, porque la señora ni siquiera ha asumido el compromiso de reconocimiento de deuda por el impago del alquiler de su vivienda". Se ha atendido la situación, comprobando que esta señora es adjudicataria actualmente de una vivienda pública, por lo que no se le puede adjudicar otra vivienda en estas circunstancias legales.
"La señora explica que se encuentra viviendo una situación vecinal de la que dice haber presentado denuncias a la Policía. Se le ha indicado que debe entregar estas denuncias en los servicios sociales para que se pueda valorar un posible realojo a través de informes justificados de los servicios sociales, que puedan valorar su situación, para que la intervención y posibles soluciones sean garantistas. También se le ha indicado que debe asumir el compromiso de reconocimiento de deuda y que tiene la oportunidad de acceder a un plan de pago de acuerdo con su situación socioeconómica", señalan desde Emuvijesa.
Desde el Gobierno municipal aseguran que está actuando de acuerdo con la legalidad para estudiar las vías posibles de actuación con los informes correspondientes. Hoy se le ha vuelto a comentar esta solución, de la que ya se le había informado por escrito previamente. Por su lado, la vecina de Calipso insiste en que “no podemos esperar más, porque mis hijos y yo estamos en peligro".