En un análisis del funcionamiento de los CETI en España a petición de lavozdelsur.es, Carlos Escaño Marín, responsable de Campañas de Derechos Humanos en España de Amnistía Internacional, ha recordado que su organización lleva años pidiendo que se garantice el traslado inmediato de los CETI de Ceuta y Melilla a la península de personas en situación de especial vulnerabilidad, especialmente cuando en estos centros no puedan recibir la atención adecuada.
“Hablamos de personas con discapacidad, familias con menores en edad de escolarización, mujeres embarazadas, personas con problemas psicológicos, víctimas de trata, de violencia de género, sexual o tortura, y personas LGBTI. Este motivo de preocupación fue incluso mayor durante el periodo de medidas de confinamiento y de distancia de seguridad como medidas para combatir la covid, que condujo a una situación de hacinamiento en el CETI de Melilla que denunciamos de manera reiterada en 2020”.
La postura de Amnistía Internacional en relación a cualquier centro de este tipo es que se garantice la libertad de movimiento y que el centro cumpla con los estándares internacionales en materia de acogida. “Si el centro se crea para dar una respuesta humanitaria debería servir para reducir la deficiente acogida ante el aumento de llegadas de personas procedentes del continente africano” manifiesta Carlos Escaño.
Al encontrarse el nuevo CETI en la Península y ser un centro abierto, opina que “debería contribuir a dar respuesta ante los retrasos actuales que sufren las personas solicitantes de asilo para acceder al sistema de acogida y que los condena en demasiadas ocasiones a tener que vivir en la calle”.
En Algeciras ya existe un CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros), pero estos centros nacen para dar una respuesta más inmediata para que reciban la primera ayuda y atención médica, con lo que tiene una finalidad distinta al CETI.
“En todo caso, habrá que tener presentes las preocupaciones manifestadas durante años en relación con los CETI desde las organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional, Defensoría del Pueblo, entre otras” manifiesta.
Hoy por los #7AñosDeMordazas público este artículo reclamando un último empujón a la reforma de la #LeyMordaza para que tenga lugar y no sea un maquillaje y pronto podamos vivir en un país sin mordazas https://t.co/1RLRxDGWwL
— Carlos Escaño (@Soligato) July 1, 2022
Tanto en los actuales CETI, “como en cualquier otro que se pueda abrir, deben garantizar los derechos de las personas migrantes dando unas condiciones de acogida dignas. Un nuevo CETI en la Península debería solventar la afectación a la libertad de movimiento que veníamos denunciando desde hace años, y que ha seguido sucediendo” según Carlos Escaño.
Recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha pronunciado en varias ocasiones recordando la falta de amparo legal en la limitación de movimiento de los solicitantes de asilo, ya que “una vez que ha sido admitida a trámite una solicitud de asilo, el solicitante se encuentra en España en una situación administrativa de regularidad, transitoria si se quiere, pero regular”. Y el aumento de número de plazas disponibles "debería contribuir a reducir la situación de hacinamiento que venimos denunciando en los CETIs de Ceuta y Melilla".
Dos centros desbordados
Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) son centros de carácter asistencial situados en las ciudades de Ceuta y Melilla. Están concebidos como dispositivos de primera acogida, dirigidos al colectivo de personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan a alguna de estas ciudades autónomas.
El CETI de Melilla inició su funcionamiento en mayo de 1999 y cuenta con una capacidad de 480 plazas, si bien con las últimas obras realizadas (básicamente instalación de tiendas de campaña o carpas) se amplió su capacidad hasta las 756 plazas.
El CETI de Ceuta inició su funcionamiento en marzo del año 2000 y, tras una ampliación de sus instalaciones en 2004, puede acoger actualmente a 512 personas. En ambos centros se produce una distribución en los módulos por sexos, quedando los hijos e hijas menores a cargo de sus madres.
Su carácter asistencial se refleja en los servicios que proporciona a las personas que allí permanecen. Cuentan con asistencia social, psicológica, sanitaria, jurídica y actividades de formación y tiempo libre, entre las que se incluye la enseñanza del español. Las personas encargadas de su mantenimiento son funcionarios civiles, pertenecientes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Según la información aportada por Escaño a este diario, “las personas que ocupan los centros de Ceuta y Melilla suelen provenir del continente africano y son migrantes o solicitantes de protección internacional. Las instalaciones acogen tanto a hombres como a mujeres, familias y menores acompañados”.
En ocasiones pueden acoger a menores sin acompañamiento, pero solo si estos no han sido identificados como tales y no están tutelados por los Servicios Sociales de ambas ciudades. El tiempo de permanencia varía en función de las circunstancias de cada caso.
En general, permanecen hasta que son trasladados a la península por parte del Ministerio del Interior o devueltos a sus lugares de origen por tener una orden de devolución o expulsión.
“El tiempo de estancia es variable al no haber una norma que establezca cuándo se les debe trasladar, y el Ministerio del Interior actúa, en este sentido, con una gran arbitrariedad” según Carlos Escaño. “Unas veces traslada a personas de una determinada nacionalidad, como sucedió en el pasado con personas procedentes de Siria; otras, solo a quienes no hayan solicitado protección internacional”.
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