La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha calificado como “devastador” el impacto que la pandemia por la Covid-19 ha tenido sobre los derechos humanos, en especial en los colectivos vulnerables. Esta conclusión se desprende de un documento que ha sido presentado este jueves 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y que hace un análisis del notable alcance de la pandemia y desarrolla propuestas de cambio.
La organización analiza cómo los efectos de la Covid-19 han profundizado en las situaciones de exclusión y marginación que ya se vivían por una parte importante de la población y se detiene para examinar “de qué manera han afectado tanto a los llamados derechos sociales, como a las denominadas libertades públicas”. En este sentido, la Apdha considera que la deriva policial que se ha utilizado para el control de la movilidad durante la pandemia, ha generado un estado de opinión que justificaba una escalada represiva en el ejercicio de los derechos, especialmente visible durante el confinamiento en casa decretado con la primera ola, momento en el que la asociación recibió numerosos casos de violencia policial. En ese periodo, según datos de las delegaciones del Gobierno, Andalucía fue la comunidad autónoma donde se interpusieron más multas. Si en todo el Estado se impusieron hasta junio casi 1,2 millones de sanciones y hubo más de 9.000 detenidos, Andalucía ha acumulado 194.000 multas y más de 1.400 detenciones.
La Apdha advierte que la Covid-19 ha profundizado las enormes desigualdades sociales que ya existían, generando un empobrecimiento más progresivo de los barrios excluidos y la elevación de los índices de pobreza. Aseguran que los servicios públicos se han demostrado imprescindibles durante los momentos más duros de la pandemia. La demanda de miles de familias vulnerables, apuntan, desbordó unos servicios sociales ya debilitados por la escasa dotación.
La asociación estima que las medidas paliativas tomadas hasta el momento por el Gobierno, a pesar de ser positivas -como la extensión de los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, lento y excesivamente burocratizado- están siendo muy insuficientes. Por ello, plantean la congelación de los desahucios, un parque público de vivienda social en alquiler y la Renta Básica Universal Incondicional como medidas imperiosas.
La organización cree que tras el progresivo desmantelamiento de la sanidad pública desde hace años, las decisiones tomadas desde el inicio de la Covid19 le han asestado un golpe mortal, que se traduce en una grave dificultad en el acceso a los servicios de salud, tales como la imposibilidad de conseguir una cita médica, las listas de espera inadmisibles para operaciones y especialistas o el colapso de la atención primaria, que no cuenta con el personal suficiente. Para paliar esta situación, la organización propone contrataciones acordes a las necesidades, revisión de los protocolos de consulta telefónica, apertura de centros de salud mañana y tarde y reforzamiento de un sistema sanitario totalmente público.
Por otro lado, informa la Apdha, la Covid-19 ha puesto al descubierto la situación límite del sistema educativo. Explican que la escuela online ha dejado fuera del sistema al alumnado más vulnerable. Por ello, y con el objetivo de garantizar la equidad, plantea como imprescindible dotar a la escuela pública de recursos económicos y humanos necesarios, medidas compensadoras, que permita a todas las personas las mismas oportunidades, y una inversión decidida por la escuela pública, abandonando las políticas de privatización.
Respecto a las migraciones, las políticas emprendidas a raíz de la crisis sanitaria han hecho que se agrave la falta de garantías de los derechos de las personas recién llegadas, que han visto cómo las cuarentenas o aislamientos han supuesto una mayor restricción de sus derechos. “Hemos asistido a la exclusión de las personas que se encuentran en situación irregular de los mecanismos de protección, al recorte de plazas de los centros de protección de menores, al abandono de más de 7.200 temporeras atrapadas en Huelva sin ningún tipo de alternativa, y a una política del quédate en casa impasible ante las miles de personas que habitan los asentamientos agrícolas en condiciones infrahumanas y a los que se les ha ofrecido no una solución, sino impedimentos para empadronarse o la criminalización como respuesta”, relata.
En cuanto a los derechos humanos dentro de las cárceles, durante la primera ola “se interrumpieron todas las comunicaciones presenciales dentro de prisión, sin que se llegasen a habilitar medios alternativos suficientes para compensar esas restricciones”. Asimismo, la asociación ha constatado que se están interponiendo multas por realizar desplazamientos a prisión para comunicarse con las personas allí internadas y que aunque la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la de Seguridad los consideran autorizados, la Junta de Andalucía no los estima como excepción.
Por último, el análisis detalla cómo la Covid-19 ha afectado en mayor medida a los colectivos de mujeres más desprotegidos, entre los que se encuentran las trabajadoras sexuales, las mujeres migrantes, temporeras, contratadas en origen o en situación irregular, las trans y travestis, las mujeres presas, las internas, las empleadas de hotel o las trabajadoras de hogar y porteadoras transfronterizas.
“Lamentablemente, hemos podido constatar lo que ya sabíamos, y es que, en esta como en todas las grandes crisis, siempre pierden los más débiles, los más humildes, los que tienen menos posibilidades de resistir. Tenemos que seguir empujando para conseguir cambiar este sistema injusto y depredador, para que todas las personas vean respetados sus derechos y dispongan de lo mínimo indispensable para vivir con dignidad”, sentencian.