La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles la ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que, tras un acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, incluirá una reforma del Código Penal para que se incluya el antigitanismo como forma específica dentro de los delitos de odio.
El texto ha sido apoyado por todos los grupos a excepción de Vox y PP, que han votado en contra y Junts, que no ha participado en la votación en protesta por el caso del supuesto espionaje a independentistas. Pero, a pesar de que la Comisión de Igualdad de la Cámara baja tiene competencia plena para dar luz verde a la norma, la enmienda aprobada --en este caso con la única abstención de Vox-- que habla de forma específica sobre el antigitanismo deberá ser ratificada en una votación en el Pleno del Congreso al tener carácter orgánico.
El debate ha estado protagonizado por los únicos tres diputados pertenecientes al pueblo gitano que forman parte de este órgano del Congreso: la socialista Beatriz Carrillo, el diputado de En Comú Ismael Cortés y la representante de Ciudadanos Sara Giménez. Todos ellos han celebrado lo que han calificado de "día histórico" para su pueblo. De hecho, tal y como ha asegurado Carrillo, los tres han "llorado de la satisfacción" ante este acuerdo para una "propuesta firme contra la lucha del antigitanismo".
En concreto, la enmienda aprobada, impulsada por Unidas Podemos y Ciudadanos, y firmada por el PSOE, recoge una modificación del artículo 22 de Código Penal e incluye una nueva redacción.
"Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta", es el texto aprobado en Comisión.
Del mismo modo, la norma recoge que "quienes públicamente promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia contra los gitanos y gitanas; quienes elaboren o posean, con la finalidad de distribuir a terceras personas, escritos o cualquier otra clase de material que por su contenido incite o fomente al odio, serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses".
"También se incluirán a quienes públicamente nieguen o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad contra ellos", añade. "Por otra parte, quienes lesionen la dignidad de las personas gitanas mediante acciones que entrañen humillación y quienes enaltezcan o justifiquen -por cualquier medio de expresión pública o de difusión- los delitos que hubieran sido cometidos contra los y las gitanas, serán castigados con una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de seis a doce meses", indica el texto.