Mercedes Morón nació ciega. Ella, con sus palabras, explica que “el nervio óptico no cuajó”. Lleva toda su vida sin ver, con una discapacidad visual que la convierte en gran dependiente en una casa en la que vive con su padre, de 90 años, que a su edad, obviamente, tampoco se vale por sí mismo.
Como se conoce su casa de memoria, Mercedes hace algunas labores domésticas. Friega los platos, limpia el polvo, hace la cama… y ayuda a su padre a desplazarse. Para cocinar y otras labores más engorrosas, tienen apoyo externo, de una empleada que contratan y de una auxiliar de ayuda a domicilio.
Pero Mercedes no está muy contenta con el servicio que recibe. La ley de Dependencia, oficialmente ley de promoción de la autonomía personal y atención de las personas en situación de dependencia, reconoce el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, garantizando la igualdad en su aplicación en todo el país.
En su caso, no entiende que tenga reconocidas 40 horas de asistencia personal a la semana —entre dos horas y una y media diarias, depende de la jornada—, y no pueda disfrutar de ellas para lo que realmente necesita, que es salir a la calle, porque el resto del día lo pasa en casa.
"Yo lo que quiero es salir, no tener una interna aquí metida", proclama Mercedes, que critica la falta de flexibilidad del servicio, que tiene asignado de 17:00 a 19:00 horas, lo que hace imposible pasear cuando llegan los meses más calurosos del año, por las altas temperaturas. "No me lo quieren cambiar, a pesar de que he insistido", comenta.
Mercedes, durante el día, está en su casa, cuidando a su padre, también dependiente. No está acostumbrada a pisar la calle sin acompañamiento. Ni se maneja bien con el bastón. Por eso es tan importante para ella las horas de la Dependencia, que quiere utilizar para “hacer deporte, algunas compras, dar una vuelta o simplemente tomar el aire”.
En su caso, lleva meses reclamando un cambio a horario de mañana, para poder salir en un tramo del día más llevadero, o para tener con quien acudir a citas médicas o a la farmacia, en caso de que sea necesario. Cuando le toca hacerlo, tiene que gastarse dinero en contratar a alguien que la ayude.
“He tenido mala suerte con las auxiliares de ayuda a domicilio, hay quien no quería llevarme a pilates, y me tuve que quitar, porque prefería estar en casa y no salir”, se queja amargamente Mercedes Morón, una mujer con discapacidad visual a la que la ley de Dependencia ayuda poco. O casi nada.
Morón tiene reconocida una incapacidad. Durante más de 20 años fue vendedora de la ONCE, hasta que pasó por una depresión, que la incapacitó para ejercer esta labor. “Estaba en una esquina en la que vendía mucho, pero me la quitaron y me agobiaba porque no llegaba al mínimo de ventas”, explica. Desde entonces, su vida social menguó bastante.
"Mercedes ha interpuesto varias reclamaciones para que le dieran una solución, porque la ley de Dependencia está enfocada a las necesidades del usuario, pero no le dan la razón", comenta María Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Cuidadoras de Atención Social (Adecuadas), con sede en La Rinconada, una localidad del Aljarafe sevillano, que la ayuda en sus reivindicaciones. Hasta se plantean llevar su caso hasta el Defensor del Pueblo y otras instancias.
"La función que persigue la ley de Dependencia es que las personas sean lo más autónomas posible y sigan en sus casas. Mercedes muchas veces se ha planteado meterse en una residencia y de hecho, cuando muera su padre dice que lo hará, cuando con ayuda podría perfectamente seguir en su vivienda", prosigue Gutiérrez.
Empoderando a las cuidadoras
Adecuadas nace en 2018 con el objetivo claro de empoderar a las mujeres cuidadoras, dotarlas de herramientas para dignificar su trabajo y reivindicar un oficio vital para el sostenimiento del país. Con el impulso a la figura de la cuidadora, los cuidados y la conciliación como eje de acción, echa a andar la entidad.
Cuando en una casa hay una persona dependiente, en la mayoría de los casos es una mujer quien se encarga de sus cuidados. Hay distintas estadísticas que corroboran esta realidad. El 83% de las personas que cuidan a las personas con discapacidad intelectual son mujeres, normalmente las madres (68%), según datos de una encuesta de Plena Inclusión.
“El 90% de las mujeres que se dedican a los cuidados por su cuenta trabajan en economía sumergida”, sostiene María Gutiérrez, presidenta de Adecuadas, en declaraciones a lavozdelsur.es. Ella es el ejemplo de que una cuidadora puede darse de alta y cotizar. “Cuando lo explico en los seminarios, la mayoría de la gente ni sabe que pueden dar de alta la actividad. Nosotras buscamos el empoderamiento de la cuidadora, que pueda buscarse la vida cuando no la contrate una empresa o cuando no gane lo que debe”, apunta.
Adecuadas, actualmente, en colaboración con la Diputación de Sevilla, está impartiendo seminarios por toda la provincia para fomentar la figura de la cuidadora profesional. Bajo el paraguas del proyecto Empoderamiento de la cuidadora. Impulso al autoempleo, la asociación recorre localidades de menos de 20.000 habitantes para informar de las ventajas de ser autónomas.
“Las mujeres que cuidan, la mayoría, están en la economía sumergida, ya sean familiares o profesionales, y eso luego les repercute a la hora de jubilarse cuando les toque”, incide la presidenta de Adecuadas. “Somos trabajadoras pobres y luego no podemos casi ni jubilarnos”, apunta. En muchas empresas que gestionan la Ley de Dependencia a través de los ayuntamientos, las cuidadoras casi nunca están contratadas a jornada completa, por lo que sus salarios rondan los 900 euros, con suerte.
Quejas por la aplicación de la Dependencia
El caso de Mercedes Morón no es, ni mucho menos, único en el país. Tantas quejas suscita la aplicación de la normativa estatal que recientemente ha nacido la Plataforma de Afectadas por la Ley de Dependencia, un movimiento ciudadano que reivindica "una vida digna y autónoma para todas las personas", y que pide la derogación de la norma, "porque contraviene la Convención de la ONU por los Derechos de las Personas con Discapacidad por su enfoque asistencialista".
España solo destina un 0,5% a la asistencia personal de entre todos los recursos recogidos en la ley de Dependencia. "Las administraciones autonómicas aplican una parte paupérrima y, algunas, ni tan siquiera dedica recursos a la autonomía personal. Así, casi la totalidad de los presupuestos públicos van destinados a la subsistencia, ya que sólo contemplan las actividades básicas de la vida diaria y entornos institucionalizados", critican desde la plataforma.
La ley, aprobada en 2006, acumula también grandes listas de espera. Durante 2022, atendió a 91.295 personas más en todo el país, aunque la lista de ciudadanos que esperan algún trámite asciende a 353.965, que son 7.214 más que el año anterior, de los que 131.810 están pendientes de valoración. Son datos que recoge el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El tiempo medio de espera en España es de 344 días, aunque por normativa el plazo para resolver expedientes es de 180 días (seis meses). En Andalucía, la media está en 520 días (18 meses), lo que "provoca que el 30% de los andaluces y andaluzas que solicitan la prestación de dependencia, hayan fallecido mientras se resuelve el expediente”, denunció CCOO hace unos meses.
Comentarios