El Bono Alquiler Joven en Andalucía va camino de convertirse en la eterna polémica si la Junta no lo remedia. A pesar de que la ayuda se puso en marcha en noviembre de 2022 (meses después de que el Gobierno de España aprobara la iniciativa), un año y medio después son miles los jóvenes que aún no han cobrado la ayuda de 250 euros mensuales para poder hacer frente al alquiler. El transcurso de este periodo ha provocado que, lógicamente, las circunstancias personales de muchos de ellos hayan cambiado.
Los jóvenes no se han quedado de brazos cruzados ante la situación. Una Plataforma de Afectados, creada en el momento en el que los solicitantes se dieron cuenta de que algo no iba bien, ya ha celebrado cuatro concentraciones de protesta frente a las diferentes sedes de la Consejería de Fomento y Vivienda. No es la única acción. Estos afectados también han puesto en marcha una demanda colectiva contra la adinistración en la que, además del pago de las ayudas, se solicita que el Gobierno andaluz abone los intereses de demora.
Estos jóvenes argumentan que sólo así observan movimiento en la tramitación de las ayudas. Las resoluciones favorables se producen a cuenta gotas, al igual que los cobros, insisten. La consejera, por su parte, asegura que ya se ha resuelto el 90% de las ayudas, una cifra que paralos afectados no cuadra.
Ahora ha sido el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, el que se ha sumado a los jóvenes después de recibir numerosas protestas. Maetzu ha emitido una resolución en el que asegura que desde 2022 ha recopilado información. La Consejería envió a la Defensoría en enero de este año un informe con datos de noviembre de 2023, en el que se trasladaba el número de solicitud presentadas, así como las resoluciones emitidas y notificadas, unos datos que, según el Defensor, "no son coincidentes con los aportados en su informe en referencia a algunas provincias". Además, los porcentajes de ejecución "se referían a documentos favorables emitidos y no a resoluciones emitidas y notificadas, que era el dato que se había solicitado".
En todo caso, la Defensoría advierte que "las dilaciones de las anteriores convocatorias debieron haberse analizado para mejorar los tiempos de respuesta actual", al tiempo que ha hecho hincapié en que "no emitir resoluciones e los seis meses siguientes a la publicación de la orden es frustrar de antemano la confianza de la población destinataria en las políticas públicas como medio de resolución de los problemas".
Ante las "dilaciones" que se han producido en las distintas etapas del procedimiento de estas subvenciones y "una vez superado en la totalidad de las solicitudes el plazo de seis meses establecido para resolver y notificar la resolución", el Defensor insta a "una revisión" de cada una de las fases del procedimiento, con el objetivo de "garantizar los derechos de la juventud en futuras convocatorias".
Los problemas empezaron con el 'robot' que la Junta diseñó para tramitar inicialmente todas las solicitudes. El procedimiento automático no funcionó, como el propio Juanma Moreno tuvo que reconocer tras ser consciente del malestar. A partir de ahí, todo comenzó de nuevo con funcionarios y un refuerzo de personal. Sin embargo, todavía son miles los jóvenes que no saben si les va a llegar el dinero.