El sindicato CSIF ha denunciado el estado de las dependencias judiciales en los partidos judiciales de Estepa, Lora del Río y Carmona. La delegada de CSIF de Justicia en Sevilla, Fátima Molina, ha denunciado que "pese a la gran inversión realizada por la Administración en cuanto a infraestructuras y equipos, hasta la fecha, no tienen un funcionamiento efectivo por lo que el presupuesto público empleado para ello no está siendo de utilidad alguna".
El sindicato enumera varias vicisitudes que impiden el correcto desarrollo de la actividad judicial. En el caso de Estepa, la sala está dotada de mobiliario y una unidad de TV, pero "no se encuentra conectada, por lo que deben hacer uso de la única sala de vistas de la sede, cuando esta no está ocupada por celebración de juicios". Como esto último es a diario salvo los viernes, "se suspende un gran número de diligencias de cooperación judicial, por falta de espacio físico y medios para realizarlas, en total aproximadamente un 40 % de dichas diligencias".
En Lora, "tras mucho insistir por parte de CSIF, la sala construida expresamente para ello dejó de ser un simple trastero-archivo, para ser dotado de oportuno mobiliario y equipo, que a día de hoy se encuentra pendiente de alta", por lo que no se puede hacer uso de la instalación; como en Estepa, se suspenden muchísimas diligencias a diario al estar ocupadas las salas de vistas. Estas obras se acometieron hace más de 18 meses sorprendentemente".
En Carmona cabe reiterar lo descrito en los casos anteriores. “La gran inversión realizada, junto con el calabozo que continúa sin poder ser usado, tras múltiples peticiones de CSIF, y la falta de uso de la instalación, que hasta hace semanas servía de trastero de enseres del servicio de limpieza, no puede entrar en funcionamiento dado que existe un "problema de conexión con el servidor". Además, "ha sufrido filtraciones de lluvia y está en un estado lamentable en la actualidad, pese a que en el presente mes de diciembre hace un año de su reforma”. En Carmona, desde el pasado mes de junio, se han suspendido más de 70 diligencias por la falta de funcionamiento de la sala de vídeo".
"En el mejor de los casos, ha transcurrido un año" en estas circunstancias y el mayor perjudicado "es el ciudadano, como usuario de la Administración de Justicia, que tras desplazarse a estas sedes, ve suspendidas múltiples diligencias, con el consiguiente retraso en los procesos judiciales y malgasto de tiempo y dinero”, explica Molina. “En algunas ocasiones, se han suspendido todas las diligencias señaladas ese día".
"Nos topamos con la dejadez de la Administración, que escandalosamente no ha llevado a cabo las actuaciones oportunas y esenciales para que se haga uso de forma efectiva de estos servicios a día de hoy".