La Policía Nacional, en colaboración con Europol y Euroojust, ha desmantelado un entramado internacional que ofrecía acceso a más de 40.000 canales de televisión, series y plataformas, habiendo generado unos beneficios de al menos 15 millones de euros sin contar con los ingresos de los revendedores. Lo hace a pocas horas de que vuelva el fútbol profesional a España, una de las mayores fuentes de ingresos y que más horas consume en el país de televisión de pago.
Los contenidos ilícitos eran ofertados al público a través de un atractivo entorno web a unos precios mucho más competitivos que los existentes en el mercado lícito. Sin embargo, tras la operación, se han desconectado los 50 servidores que conformaban la red de que disponía la organización, habiendo dejado por tanto sin servicio a los suscriptores.
La distribución ilegal de contenidos audiovisuales -mediante el sistema IPTV (televisión por Internet) y listas M3U (listas de reproducción multimedia)- daba servicio a más de 2 millones de usuarios de todo el mundo.
Los arrestados obtenían de manera legal la señal de numerosas plataformas y canales de televisión, señal que era después redirigida a su propia estructura de servidores, alojada en varios países de Europa, desde donde era posteriormente redistribuida a sus suscriptores.
El entramado ofrecía una amplia gama de canales, películas, series documentales y otros productos, con garantía de calidad así como unos servicios de asistencia técnica a la altura de los distribuidores legales, contando para ello con su propia página web de soporte al cliente.
El servicio, además, se ofertaba a los denominados "reseller" o revendedores para, aprovechando la infraestructura técnica de la organización -integrada por la red de servidores, contenidos audiovisuales ilegales, soporte técnico, además de una aplicación informática que permitía gestionar todos los servicios- crear su propia marca y servicio ilegal a modo de franquicia.
Las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado año a raíz de las denuncias interpuestas por LaLiga, Alliance for Creativity and Entertainment, Nordic Content, NAGRA y la Bundesliga, legítimos titulares de los derechos de los contenidos audiovisuales ofrecidos de forma fraudulenta.
El desarrollo de la operación llevó a los agentes hasta el presunto responsable de la organización, un ciudadano iraní que residía en Alicante, desde donde operaba junto a varios de sus lugartenientes que, posteriormente, se trasladó hasta uno de los barrios más selectos de Barcelona.
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Desde allí, y gracias a un panel de administración al que tenía acceso exclusivo, controlaba en remoto desde su propio domicilio la total actividad de la organización, en España y en el extranjero, tanto lo relativo a la infraestructura técnica, como en lo concerniente a las actividades ligadas al blanqueo de capitales.
La organización contaba con ramificaciones en países como República Checa, Suecia, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Rumanía, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido y Luxemburgo, países donde contaba con personal de su confianza que se encargaban de supervisar las actividades delictivas de manera local.
Igualmente sofisticado era el entramado diseñado por la parte de la organización especializada en blanquear los beneficios obtenidos con la actividad delictiva primaria.
Para ello remitían el dinero obtenido a pasarelas de pagos o exchanges (convertidores cash-in / cash-out) de criptovalores, así como a la creación de empresas fantasma y la consecuente generación de facturas falsas que encubriesen su inexistente actividad empresarial, para de esta manera justificar el continuo movimiento de dinero que fluía de manera abundante entre las numerosas cuentas creadas con identidades ficticias o de terceros.
Finalmente, los beneficios eran reintroducidos en el circuito legal mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, completando de esta manera el ciclo del blanqueo.
La compleja actividad transnacional de la organización ha dado lugar a que se haya contado con el apoyo de organismos europeos de coordinación policial y judicial, EUROPOL y EUROJUST, a fin de que de manera simultánea y coordinada se haya actuado en catorce países para desarticular este grupo criminal.
La operación se ha saldado con detenciones y quince registros, no solo en nuestro país, sino también en otros como Suecia, Dinamarca, Italia, Países Bajos y Bélgica, lugares donde la organización tenía una especial presencia.
A los detenidos se les imputa un delito contra la propiedad intelectual, otro delito de defraudación en las comunicaciones, blanqueo de capitales y organización criminal.
Los arrestos se han realizado en varios países europeos, concretamente cuatro en España -en la provincias de Barcelona (1) y Alicante (3)-, uno en Alemania, tres en Suecia y tres más en Dinamarca. Además se han realizado quince registros, siete en nuestro país -dos en Barcelona capital, cuatro en Alicante y uno en Madrid-, uno más en Alemania, dos en Suecia, tres en Dinamarca y dos en Italia.
Gracias a las actuaciones policiales han sido intervenidos dos vehículos de gama alta valorados en 400.000 euros, una vivienda embargada valorada en 1.700.000 euros, cuatro relojes valorados en 45.000 euros, más de 9.000 euros en efectivo, 2.700.000 euros en criptovalores y 1.100.00 euros bloqueados en diversas cuentas bancarias.
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