Ante la celebración este próximo domingo del Día de las Personas sin Hogar, Cáritas de Jerez pone en marcha una nueva campaña, que cumple su trigésima edición, bajo el lema Fuera de cobertura. No dejes que se queden fuera, iniciativa que denuncia la “falta de acceso a derechos, y en especial, la desprotección social que sufren estas personas sin un hogar digno”, señala la organización en un comunicado.
Cáritas acompañó durante el pasado año a 288 personas en situación de sin hogar y sin techo a través del Centro de Día El Salvador. El perfil de los asistidos, en su mayoría, son hombres de entre 18 y 25 años de edad; el 80% solteros y sobre todo extranjeros en un 62%, frente a un 48% de españoles.
Además de la intervención mediante este recurso, Cáritas Diocesana cuenta con 29 plazas de alojamiento para personas sin hogar y, durante el pasado año, se dio respuesta a 222 personas que demandaron ayuda directamente relacionada con la vivienda: pagos de alquiler, suministros… todo a través de las Cáritas parroquiales. Todo esto se traduce en una inversión, en 2021, de 96.664 euros.
En la presentación del informe, Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, expuso que “en 2022 los efectos no superados de la pandemia se suman al agravamiento de la crisis que provoca la guerra de Ucrania y que sin duda está ahondando en la vulnerabilidad y la exclusión”; subraya también que pese a la “explosión de solidaridad vivida, junto a ella convive una fría indiferencia y distancia cotidiana del sufrimiento de los más vulnerables”.
Más coordinación entre las administraciones
Para Cáritas, “el sistema de protección social actual no está siendo ni suficiente ni adecuado para proteger a las personas más vulnerables”. Para ello ha indicado algunas cifras del Informe de Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía que ponen de relieve que la exclusión de la vivienda afectó en 2021 al 19,3% de los hogares en Andalucía.
En el informe Foessa, que elabora Cáritas Andalucía, se desvela que la tasa de exclusión social entre las personas que tienen un diagnóstico de enfermedad o trastorno mental es de un 34% por lo que entiende como urgente “la protección social, ya que la falta de coordinación entre las diferentes administraciones públicas, el exceso de documentación solicitada o la brecha digital, hacen prácticamente imposible acceder de forma autónoma a derechos como el Ingreso Mínimo Vital o la Ley de Dependencia”.
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