Carrera Oficial, ¿alegal?

La Carrera Oficial, el tramo urbano que las hermandades recorren en la Semana Santa y cuyo trazado es de obligado paso para todas las procesiones, se ha convertido en los últimos años en una fuente de discordia: no solo por el intenso debate que los cofrades propician sobre si un trazado es mejor que otro, o que este año lo cambiamos por tal o cual ventaja, sino que también en este debate, con distintos argumentos, ha entrado de vez en cuando en el ámbito político. La principal controversia es la utilización de la vía pública para un uso ‘privado’ y que tiene una explotación económica, sin que hasta el momento se haya regulado esta situación de la que podríamos decir que está en el limbo de la alegalidad.

Para el político de turno, con mando en plaza, hincar el diente a este asunto le presenta grandes dudas sobre si abrir o no una brecha que al final lo deje como el anti cofrade, con el riesgo de echarse encima a un colectivo numeroso que en esto de polemizar son expertos. Y si el que manda en el Consistorio es de izquierdas, peor panorama se le presenta cuando la realidad es bien diferente. Se tiene la conciencia que cuando es de derechas es más fácil. No es así. El ejemplo de la exalcaldesa María José García-Pelayo que dijo no a asumir el Ayuntamiento el montaje de la Carrera Oficial y dejarlo en manos de la Unión de Hermandades, le costó al colectivo cofrade entre 90.000 y 100.000 euros cada año.

Cara a la galería la decisión o el  ‘acto de fe’, como dijo Pelayo para deslizar que habría compensaciones, lo aceptaron con resignación las cofradias pero con el resquemor de que una de derechas les dejó con el culo al aire ante el colectivo que representa y ante la opinión pública. La decisión del entonces gobierno popular tenía de facto un fondo trascendente muy importante, que no lo era de hecho. Parecía que se imponía regular lo irregular. Es decir, dar al César lo que es del César. Esto debería pasar por la valoración de la tasa de ocupación de la vía pública y si ese impuesto es subvencionable o no.

Eso, hoy por hoy, no existe. Se ocupa el centro urbano por tradición, del mismo modo que el montaje de las estructuras y estas mismas -herrería, maderas, etcétera-, que son de propiedad municipal. Se aludió a la situación económica para que los populares dieran ese paso. A cambio se inventaron unas subvenciones a cada hermandad destinadas a la acción social y al mantenimiento del patrimonio, ayudas que dieron numerosos problemas legales ante la Intervención municipal en su justificación. La llegada del actual gobierno socialista supuso la vuelta atrás. El Ayuntamiento asumía de nuevo el montaje con su propio personal pero con alguna ayuda de la Unión de Hermandades que aporta materiales como pintura, maderas, etcétera. Pero lo de la ocupación de la vía pública no se tocó.

Si tomamos el ejemplo de otras ciudades como Sevilla, allí sí se regula. El consejo cofrade paga la tasa correspondiente, es dueño de las estructuras que se instalan e incluso, nos informan desde el organismo de representación cofrade sevillano, apuran al máximo los tiempos de montaje para que la tasa a pagar sea menor. No nos aclararon si ese impuesto municipal está subvencionado o no pero lo cierto es que la cuantía que se desembolsa es importante. De esta manera, las cofradías hispalenses duermen tranquilas ante posibles voces contrarias a hacer uso de la calle por la cara.

No es menos cierto que el retorno para la ciudad por el ‘espectáculo’ que ofrecen las hermandades supera con creces cualquier pago que se haga. Estaría más que justificado, aquí y en Pekín, porque los beneficios para la economía doméstica de Jerez son mayúsculos. Las cifras lo cantan perfectamente. La Carrera Oficial jerezana mide unos 1.300 metros, posiblemente la más larga de Andalucía, se instalan 12.000 sillas reunidas, casi en su 80 por ciento, en unos 1.300 palcos. Los precios van desde los 320 euros a los 240 euros por toda la semana. Se vende casi el 95 por ciento de ellos y aunque la cifra final puede ser suculenta, casi 400.000 euros, hay que restar la contratación de los acomodadores y controladores así como el reparto que se hace a todas las hermandades y las ayudas a diversos centros asistenciales.

Ese reparto se eleva a unos 6.000 euros de media para las cofradías que usan el trazado común 39 de las 45 hermandades existentes. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Los políticos no se atreven. Más vale llevarse bien pensando en el voto o en no provocar demasiado ruido. Pero son ellos los que deben dar el paso y las cofradías agradecerlo antes de que se levante la liebre sobre los contras que tiene la situación actual en lo legal. Entre tanto, sí vale rebuscar el voto aunque para ello haya que ser el devoto número uno, vestirse de largos ternos o con túnica - aunque se sepa en todo el orbe que Fulanito o Fulanita está- en la hermandad aunque sea de costalero, que lo hay. Es una relación de amor interesada pero sin llegar al matrimonio. Porque el desamor llegará en algún momento.