El sindicato CGT convoca al Sector público andaluz a una huelga por la estabilidad laboral, el aumento del empleo público y la recuperación de los servicios privatizados el próximo 28 de mayo. Esta concentración afectará a todos los sectores de las administraciones públicas autonómicas, del Estado y locales, así como a las empresas contratadas para ejecutar servicios públicos.
Bajo el lema “Por unos Servicios Públicos dignos y estables. Por lo público, por lo común. Quienes están se quedan”, el personal de la Administración General del Estado, de la Junta de Andalucía, Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades, Agencias Públicas, Empresas Públicas y todo el personal de las contratas y subcontratas de cualquiera de las administraciones, agencias o empresas públicas del territorio andaluz, saldrán a la calle.
"Se viven momentos convulsos en las administraciones públicas desde hace tiempo", ha sostenido aludiendo una lista de circunstancias. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos, las exigencias de la Comisión Europea para acabar con la alta tasa de temporalidad del empleo público y su condicionalidad con respecto a las ayudas a España por la crisis pandémica, el papel que han jugado los trabajadores de lo público durante el último año de la pandemia, estando en primera línea de la atención ciudadana, como por ejemplo los sanitarios, los maestros, los servicios sociales y muchos más.
CGT también ha mencionado a la escasez de recursos públicos con los que han contado y la falta de personal que ha resultado más evidente en estos momentos, sumado a que muchos servicios públicos se encuentran en manos de empresas privadas y no han dejado de un lado los beneficios económicos para prestar un mejor servicio y mayor protección a sus trabajadores, como el Servicio de ayuda a domicilio. "Con más una década de recortes en el sector público, una mayor precarización del empleo, etc. han creado un caldo de cultivo para el hartazgo del personal que presta servicios públicos, que han dicho basta, se han plantado y van a ir a la huelga", han expresado.
Para CGT, "el sistema público no puede soportarlo más. Los gestores de lo público, los políticos, no han cumplido con sus obligaciones de preservar y ampliar la protección pública a la ciudadanía, y parece que siguen mirando para otro lado, mientras todo se desmorona, y los más indecentes, en palabras del sindicato, se aprovechan privatizando aún más".
El sindicato ha concretado tres grandes razones para secundar esta huelga en defensa de lo público:
Una solución de permanencia para los interinos
Estos llevan encadenando contratos temporales, el casi 30 % de la tasa de temporalidad de las administraciones públicas, muy por encima de la recomendada por Europa, el 8%, e incluso por encima de la temporalidad en la empresa privada.
CGT recuerda que la mayoría son personas que provienen de procesos selectivos con las garantías constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, pero que han sido las administraciones y sus distintos responsables políticos, los que han incumplido las directivas europeas e incluso la propia normativa española. Por eso, el sindicato exige que se solucione esta problemática que afecta a miles de personas y a los propios servicios públicos como la Sanidad o la Educación, por ejemplo, con la consolidación permanente en sus puestos de trabajo. "Cualquier otra solución sería penalizar a las personas que, precisamente, han sufrido el abuso en la temporalidad o el fraude en su contratación, responsabilidad que es de los gestores políticos, que deberían ser sancionados por el incumplimiento de sus deberes", ha expuesto.
Además, CGT ha denunciado que las distintas administraciones públicas en Andalucía siguen aumentando la bolsa de fraude en la contratación, al continuar con las contrataciones temporales para puestos que son estructurales y deberían crearse en las plantillas de los diferentes servicios públicos. En este sentido, la organización sindical insta a todas las personas en esta situación de "abuso y fraude en la contratación" a la huelga del 28 de mayo.
Falta personal en las administraciones
Los recortes de la crisis anterior y provocados por la línea de austeridad marcada en su momento por Europa y seguida por el anterior gobierno popular, han dejado un panorama en las administraciones públicas en la región "que da miedo". La organización sinfical apunta a las miles de plazas perdidas en la última década, entre los recortes que supuso la tasa de reposición impuesta por Rajoy, que supone que si alguien se jubila se pierde esa plaza, o las restricciones presupuestarias impuestas a las administraciones locales, con planes de ajuste que penalizan la mala gestión reduciendo personal público y, por tanto, servicios a la ciudadanía.
Para el sindicato es importante que los políticos no mientan a la ciudadanía cuando hablan de las Ofertas de Empleo Público. "Se anuncian miles de plazas para oposiciones, pero saben que la muchas de ellas están ocupadas por personal interino en una situación de abuso o fraude en la contratación. No es justo ni para el personal interino ni para la ciudadanía que tiene derecho a trabajar en las administraciones públicas", han asegurado. Además han añadido que "lo que se debe ofertar son todas las plazas que se han perdido la última década y mediante procesos que aseguren los principios de igualdad, mérito y capacidad, y no como los últimos procesos express por orden de llegada, que recientemente han tumbado los tribunales".
Recuperar los servicios privatizados
CGT también denuncia en esta huelga que "al tiempo que se recortaba en gestión directa de los servicios públicos, por tanto, en empleo público, se aumentaban las privatizaciones, por tanto, la mayor precarización del empleo y el enriquecimiento de unos pocos con el dinero de todos".
A su vez, según ha explicado, la gestión directa por las administraciones públicas de sus servicios se ha demostrado más eficiente, porque el dinero público va directo al servicio público y no al beneficio empresarial, porque "en muchos casos es más barato y en cualquier caso, porque es el dinero de todas las personas que pagan impuestos en Andalucía y cada euro debería revertir en esas personas y en los trabajadores de tantas contratas y subcontratas, muchas de ellas multinacionales y que no suelen tratar laboralmente bien a sus empleados".
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