Varios cientos de personas han participado en las distintas movilizaciones organizadas por la plataforma territorial andaluza '#RegularizaciónYa' con el objetivo de recabar la regularización "urgente, permanente y sin condiciones" de todas las personas migrantes y refugiadas ante la nueva crisis social que ha desencadenado la pandemia de la Covid-19 en el Estado español.
Las manifestaciones se han llevado a cabo en la localidad de Atochares, en Níjar (Almería), mientras que en Huelva la marcha partía desde la Estación de Autobuses. En Cádiz, por su parte, se ha desarrollado una concentración en el Castillo de Santa Catalina; en Granada, en la Plaza del Carmen; en Málaga, en Plaza Solidaridad, y en Sevilla, en las Setas de la Encarnación.
En este sentido, según han informado a Europa Press fuentes de la organización, tan sólo en la marcha de Huelva se ha contado con unas 500 personas en apoyo a la regularización de este colectivo. Así, desde la plataforma se ha asegurado que la movilización ha sido todo "un éxito", contando con el apoyo ciudadano, además de con diferentes colectivos y sindicatos.
"Se han respetado las formas en todo momento y la única bandera que se ha llevado por parte de todos los colectivos presentes ha sido la de la '#Regularización ya'. Hemos contado con mucho apoyo. Ha sido un éxito", concluyen.
En este marco, la plataforma apunta que la Unión Europea desde 2008 manifestó su "disconformidad" frente a las regularizaciones masivas, "derivando dichas restricciones en una insostenible y desmedida bolsa de personas en situación irregular y, en consecuencia, obligando a este colectivo a trabajar bajo la economía sumergida". "En Andalucía, miles de personas y familias migrantes se encuentran en situación de irregularidad, invisibles para el Estado y carentes de los más esenciales derechos sociales, enfrentándose así a la explotación laboral, a la precariedad habitacional y, en fin, a la imposibilidad de una vida digna y plena", añade.
No obstante, precisa que a pesar de la postura "restrictiva" en cuanto a temas de extranjería de la Unión Europea durante estos últimos diez años, la postura de algunos países "ha variado debido a la situación extraordinaria que ha vivido Europa a causa de la Covid-19. Tanto es así, que estados miembros, como Portugal e Italia, han iniciado regularizaciones masivas".
Añaden en un comunicado que en el Estado español "se han dado prácticas cortoplacistas e instrumentalistas y sin garantizar condiciones mínimas de seguridad y prevención en el trabajo, como es el caso del Real Decreto- Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario o el Real Decreto ley 11/2020 cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que vivimos muchas personas sin papeles". "Se trata de políticas insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad", lamentan.
Desde la plataforma indican que cada país de la Unión Europea es soberano en cuanto a reglamentos de Extranjería, por lo que "pedimos al Gobierno que deje a un lado las evasivas respaldadas en el control europeo, que no dé cabida al discurso del miedo de la extrema derecha y que tome por fin decisiones valientes, materializando uno de sus lemas más utilizados durante esta crisis sanitaria, social, económica y de cuidados, de no dejar a nadie atrás".
"De no comenzar un proceso de regularización, la brecha de la desigualdad aumentará brutalmente, dejando a más de 600.000 personas en este país atrás, sin poder acceder al Ingreso Mínimo Vital u otras prestaciones, con procedimientos, como el empadronamiento, totalmente trabados en ayuntamientos desbordados, muchas --en especial en el campo andaluz, como se encargó de apuntar hace unos meses el relator de la ONU-- en una situación de chabolismo y semiesclavitud intolerable", manifiestan.
Por último, desde la Plataforma territorial andaluza #RegularizaciónYa se suma al movimiento estatal que presentará este viernes 19 de junio una Proposición No de Ley en el Congreso para reformar las leyes migratorias y "dar una respuesta a la situación de desprotección, agravada por la Covid-19, en la que se encuentran tantas personas migrantes, un colectivo que, como ha quedado demostrado, ha estado al frente de los trabajos considerados esenciales durante el confinamiento, tales como el trabajo en el sector primario y la asistencia a personas mayores y con movilidad reducida".
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