Todo comenzó en el mes de marzo, cuando a pesar de que los funcionarios de prisiones pensaban que ambos presos tenían buena relación, una discusión derivó en una paliza que acabó con la vida de uno de ellos. En la prisión de Archidona llamaron a los sanitarios pero no pudieron hacer nada por su vida y murió en el hospital poco después.
A raíz de ello, los testigos fueron llamados a los juzgados para declarar y aportar datos a la investigación. Sin embargo, ni Instituciones Penitenciarias, ni la dirección de la cárcel ni el juzgado de Instrucción reservaron los datos, y estos fueron públicos para las partes.
Así, la familia del preso fallecido acudió al lugar el lunes y se inició un acoso contra cinco trabajadores de la prisión de Archidona al grito de "torturadores" y "asesinos" en los juzgados de la localidad malagueña. La Guardia Civil necesitó refuerzos para evitar que la encerrona acabase en linchamiento.
Desde el colectivo Tu Abandono Me Puede Matar han pedido un cambio en el protocolo para que ante este tipo de declaraciones judiciales se les permita hacerlo por videoconferencia, y que, como ocurrió, no coincidan en fecha las declaraciones de los funcionarios con las de los familiares, sin hacer mención de cuándo o cómo aportarán sus datos a la investigación ante las acusaciones, para evitar amenazas y coacciones.
Una reforma que piden los sindicatos
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha mostrado su preocupación por el incremento de las situaciones violentas que a juicio de este sindicato se está produciendo hacia los trabajadores penitenciarios, por lo que ha reclamado que se agilice el cambio en la Ley de Cuerpos Penitenciarios, un refuerzo de las plantillas y que se reconozca la figura de agente de autoridad para el colectivo.
Todo ello, en palabras del sindicato, ayudaría a evitar agresiones a los trabajadores de los centros de la provincia de Málaga, que en los últimos meses se ha visto incrementado, lo que "ha generado un clima de preocupación entre los propios funcionarios y que requiere que se adopten medidas cuanto antes", han pedido en un comunicado.
La antigüedad de las instalaciones del centro Málaga I, unida a la sobrepoblación puntual, hace que la seguridad se vea muchas veces comprometida, han asegurado desde CSIF, quien señala que actualmente se encuentran 470 trabajadores, para garantizar la seguridad de internos -que han llegado a superar los 1.300- como de los funcionarios.
Por ello, reclama un refuerzo de la plantilla que "ayudaría a evitar agresiones y situaciones violentas hacia los trabajadores", junto con el reconocimiento de la figura de agente de autoridad para el colectivo de funcionarios de prisiones. Además, reclaman al Ministerio del Interior un impulso a la Ley de Cuerpos Penitenciarios desarrollada por la administración y los sindicatos representativos. CSIF recuerda que "el primer trimestre de este año era la fecha marcada para poner en marcha la normativa, que supondría una modernización legislativa en el ámbito de la administración penitenciaria, acabando así con un conjunto normativo preconstitucional".
En este sentido, CSIF ha alertado de que el pasado domingo se produjeron dos actos violentos a funcionarios de la prisión Málaga I, en Alhaurín de la Torre, apenas dos semanas después de que dos funcionarios de este centro fueran agredidos por parte de un preso.
Uno de ellos, jefe de servicio, tuvo que ser atendido por el médico de la prisión tras recibir una patada por parte de un preso que se negó a salir de su celda. Ocurrió en el módulo 9, tras avisar la funcionaria encargada del mismo al trabajador agredido de que un interno se había atrincherado en su celda y se negaba a salir.
El funcionario se personó en el módulo para intentar que el interno desistiera de su actitud, recibiendo una patada en la mano, por la que tuvo que ser asistido por el facultativo del centro penitenciario, según señalan desde el sindicato. Ese mismo día se produjo también un intento de agresión al funcionario de enfermería, que logró evitar un cabezazo por parte de un interno enfermo psiquiátrico -que ha protagonizado varios episodios violentos dentro de la prisión- que trató de llevarse la medicación durante el reparto.
Por otra parte, en un escrito remitido al Comité de seguridad y salud de Instituciones Penitenciarias (IIPP) en Málaga, CSIF ha solicitado una aclaración por parte de la dirección del centro Málaga II, en Archidona, sobre las amenazas a los funcionarios de este centro anteriormente descritas que acudieron al juzgado de la localidad a declarar por el fallecimiento de un interno. El sindicato ha pedido que se constituya un grupo de trabajo que estudie y valore las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones, solicitando con antelación a los juzgados la comparecencia de los funcionarios por videoconferencia y garantizando la seguridad de los trabajadores.