Cuatro de cada diez andaluces reside en una infravivienda

Save the Children presenta un informe que estima que el 20% de los hogares con niños, niñas y adolescentes tienen sobrecarga financiera de vivienda

Infravivienda de una familia a punto de ser desahuciada.
Infravivienda de una familia a punto de ser desahuciada.

Manuela tiene 45 años, está divorciada y tiene dos hijos a su cargo, con los que reside en una infravivienda de Sevilla. La casa tiene humedades, desconchones y falta de pintura, pero ahora mismo ni si quiera puede plantearse hacer obras en casa porque no puede permitírselo.

Ella es una de las andaluzas que reside en infraviviendas, que ya supone el 34,4% de las casas que hay en Andalucía. O lo que es lo mismo, casi cuatro de cada diez andaluces residen en viviendas en muy mal estado.

Cuando se habla de infravivienda, se incluyen edificios sin evacuación de aguas residuales, viviendas en mal estado o edificios de cuatro plantas o más sin ascensor, entre otras, lo que repercute en la salud física y mental de los niños y niñas, afectando a su crecimiento, al rendimiento escolar y a su seguridad.

Crecer en una infravivienda o una vivienda inadecuada tiene un impacto directo en la educación de los niños y niñas, así como en su salud mental. En Andalucía, el 20% de los hogares con niños, niñas y adolescentes tienen sobrecarga financiera de vivienda. Estos datos se recogen en el estudio que publica Save the Children, “Aquí no hay quien viva: un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en Andalucía.

La infancia andaluza y sus familias tienen que hacer frente, además de a la infravivienda, a otros problemas que hacen de la vivienda un lugar inadecuado para el desarrollo de la infancia como la falta de infraestructuras básicas, el hacinamiento, la vivienda en entorno degradado, la vivienda insalubre y el chabolismo.  

En España, el 21,4% de los niños, niñas y adolescentes habitan en viviendas que presentan goteras en el techo, humedad en paredes, suelo o cimientos, o podredumbre en los marcos de las ventanas o el suelo. En Andalucía, muchas familias no disponen de una cocina independiente (de 4 metros cuadrados o más), lo cual afecta directamente en la alimentación y la seguridad de los niños y niñas que viven en ellas.

Esta situación es más frecuente en la provincia de Málaga, dónde casi el 7% de los hogares con niños, niñas y adolescentes no dispone cocina, seguida de Cádiz, y Almería, que también muestran altos porcentajes de hogares sin esta infraestructura básica.  

Disponer de espacio suficiente dentro de la vivienda para todos los miembros del hogar es otra de las dimensiones de especial relevancia para los niños, y niñas, ya que el hacinamiento puede provocar hiperactividad y agresividad, así como impactar en su rendimiento escolar. Se considera que la situación de hacinamiento es grave cuando se dispone de menos de 15 metros cuadrados por habitante, situación en la que se encuentran el 4,6% de los hogares con niños, niñas y adolescentes en Andalucía, cifra superior a la media española.            

Adicionalmente a las condiciones específicas de la vivienda, la calidad del barrio o espacio público, determinada por el nivel de acceso a servicios públicos, la distancia de zonas con oportunidades económicas, el grado de cohesión y la exposición a riesgos para la salud –drogas, basura, etc.- o la seguridad –delincuencia-, inciden directamente en el bienestar y salud de sus habitantes y afectan a la movilidad social. De acuerdo con EINSFOESSA 2021, el 2,1% de los hogares de Andalucía estaban ubicados en un entorno degradado, frente al 1,8% de media en el total de hogares españoles. 

 

Por otro lado, según dicho informe, las familias andaluzas con hijos e hijas cargo también se enfrentan a los problemas que acarrea residir en una vivienda insegura cuando no pueden pagar a tiempo su hipoteca o alquiler o cuando se ven abocados a sufrir un desahucio.

En el actual contexto de inflación, de aumento de los alquileres y de las cuotas hipotecarias ante el constante incremento de tipos de interés, y debido a que esto no ha ido acompañado de un aumento de los ingresos de las familias, está provocando enormes dificultades de pago. En Andalucía, el 20% de los hogares con niños, niñas y adolescentes tienen sobrecarga financiera de vivienda, lo cual la ubica como la séptima Comunidad Autónoma con mayores dificultades en España. 

Esta situación se da cuando las familias tienen que destinar al menos el 30% de sus ingresos al pago de la vivienda y servicios básicos, lo que supone disponer de menos presupuesto para otras necesidades de la crianza. Los mayores incrementos de alquileres se han experimentado en Málaga (casi un 14% entre 2015 y 2020), seguida de la provincia de Sevilla (más de 10% en el mismo periodo) y Almería (9,5%).

“Yo debo ahora mismo tres facturas de luz y una de agua más el alquiler de este mes porque no me llega. Tengo que elegir entre pagarlas o comer”, cuenta Manuela. Aunque la pandemia trajo consigo las medidas positivas del llamado “escudo social” -centradas en moratorias al pago de alquileres e hipotecas, la garantía de suministro o la prohibición de desahucios-, el actual contexto del mercado de la vivienda podría devolver a muchas familias a situaciones de riesgo.

De hecho, se estima que entre el 70% y el 80% de los desahucios - en Andalucía, sólo durante el 2022, se produjeron 6.252 desahucios - afectan a familias con niños, niñas y adolescentes, según datos de Naciones Unidas.

En el territorio andaluz la mayor incidencia de los desahucios se encuentra en la provincia de Almería, con 3,3 lanzamientos por cada 1.000 hogares, seguida de Málaga (3,0) y Granada (2,0). Jaén presenta el menor número de desahucios en relación con su población (0.9 por cada 1.000 habitantes), y Córdoba y Sevilla también presentan una incidencia menor de los desahucios (1,1 por cada 1.000 habitantes). 

Save the Children asegura que, a pesar de los esfuerzos de las administraciones, “el modelo de vivienda tradicional en Andalucía se sigue rigiendo por un cierto continuismo de las políticas de recuperación tras la Covid-19”, asegura Ana Sánchez, portavoz de la organización. “Creemos que no se están desarrollando correctamente las medidas dirigidas a abordar la pobreza energética o la infravivienda, así como tampoco las relacionadas con la promoción del alquiler social o la protección especial de niños, niñas y adolescentes en los casos de desahucio”, añade Sánchez. 

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