En el salón de plenos del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba desde hace unos días, concretamente el viernes 15 de diciembre, hay cuatro nuevos concejales. Se llaman Paco, María Eugenia, Miguel y Pedro, y están en huelga de hambre para exigir que los 80.000 vecinos de 28 municipios de la provincia vuelvan a tener agua potable en sus grifos. No tienen desde abril.
“No es agradable, pero había que hacerlo”, cuenta Paco Casero, presidente de la Fundación Savia, en conversación con lavozdelsur.es. Casero, que tiene experiencia en este tipo de protestas —hace más de 40 años que hizo su primera huelga de hambre, en aquella ocasión para reivindicar un plan de empleo rural—, considera que “tiene que haber un foro en el que se encuentren todas las partes”.
Este foro, como lo llama, puede ser la Mesa del Agua de Los Pedroches, que tras su creación planteó soluciones a los problemas que se están encontrando los vecinos de esta comarca, y también del Alto Guadiato, pero que lleva años sin convocarse.
Es lo que reclama por carta la Fundación Savia, que preside, al presidente andaluz, Juanma Moreno, convocando también al Gobierno central —a través de las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana—, a la Mancomunidad de Municipios, a la Diputación de Córdoba y a los agentes económicos y sociales.
Junto a Casero, histórico activista andaluz por el medio ambiente, secundan la huelga de hambre Miguel Aparicio, presidente la plataforma Unidos por el agua, impulsora de la protesta, así como también Pedro Vera y María Eugenia Molero, miembros de la organización.
“Hay que fijar un calendario de compromisos para resolver este problema”, sostiene Casero. Y es que hace más de ocho meses que 80.000 habitantes de distintos municipios no tienen acceso a agua potable, ni perspectivas de que vayan a tenerla en breve. Por la prolongada sequía, el pantano de Sierra Boyera se secó, dejando sin el líquido elemento a poblaciones del norte de Córdoba.
En 2006, se terminó de construir un embalse alternativo, el de La Colada, para abastecer de agua a estas poblaciones si llegaba una sequía como la actual. Pero las obras de conexión entre ambos embalses se quedaron a medias. En marzo de este año se construyeron cinco kilómetros de tuberías provisionales, costeados por Diputación, pero el 17 de abril el agua se declaró no apta para el consumo, por su alto nivel de carbono orgánico total (COT).
“En estas comarcas existe un pantano, el de La Colada que podría abastecer las poblaciones, cuenta con reservas suficientes para garantizar el suministro, pero no puede utilizarse su agua debido a la contaminación. Poner en marcha soluciones rápidas que permitan su aprovechamiento mediante el control de vertidos, medidas correctivas en las explotaciones ganaderas y la instalación de depuradoras tiene que ser una medida urgente y prioritaria”, recuerda Savia.
La huelga de hambre pretende que las Administraciones se sienten de una vez. “Hay que forzar a un acuerdo, como ha pasado con Doñana. Al principio parecía que no era posible, pero se ha conseguido. Para unos será mejor o peor, pero ya hay un acuerdo”, recuerda Casero, que destaca la solidaridad vecinal ante esta situación. De hecho, cada noche, de 20.30 a 20.45 horas se convoca una concentración ciudadana en la puerta del ayuntamiento de cada localidad afectada, en apoyo a los huelguistas.
Hay colegios de estos municipios que están elaborando un vídeo para pedirle a los Reyes Magos tener garantizado su “derecho al agua”. Una empresaria ganadera se ha comprometido a enviar un palé con botellas de agua certificada como ecológica. Las muestras de solidaridad son continuas. “No queremos que nuestros abuelos arrastren garrafas todos los días”, dicen los pequeños en la grabación.
En 2017, se reunió en Los Pedroches a representantes de 17 ayuntamientos, al Gobierno andaluz, Diputación y entidades del territorio para dar a luz a la Mesa del Agua, que definió las primeras líneas de actuación destinadas a atajar el problema de la falta de agua en el norte de Córdoba. Pero hace años que no se convoca. “El diálogo implica compromiso”, incide Casero, que se queja de que en la gestión del agua “se vive al día”, sin prever épocas de escasez, y sin atajar problemas de contaminación en acuíferos o pantanos.
“El año pasado se autorizó el uso de 700 metros cúbicos de agua por hectárea de cultivo, y este año hay menos reservas. Como no llueva mucho, va a ser una hecatombe”, sostiene el presidente de la Fundación Savia, que en su carta a Juanma Moreno recuerda que “junto a la gravedad del problema social, se encuentra el empresarial, ya que las explotaciones de bovino de leche tienen que abastecerse desde hace años con camiones cisterna. Hoy, en pleno invierno siguen haciéndolo”. Esta situación supone un coste de tres millones de euros anuales.
"Este deterioro de las condiciones de vida del medio rural son la causa del despoblamiento"
“Más allá del problema concreto y explícito del agua, este deterioro de las condiciones de vida del medio rural son la causa del despoblamiento. Porque se une a carencias gravísimas como el descenso de calidad y atención de los servicios públicos básicos (educación y sanidad especialmente), pero también la desaparición de cajeros bancarios, servicio de correos, comercio local…, todo un cúmulo de agravantes que hacen cada día más difícil la vida en los pueblos. El despoblamiento es un problema gravísimo y estructural que se aborda también ofreciendo soluciones en este sentido”, asegura la fundación en su escrito.
La plataforma Unidos por el Agua, mientras no haya solución, continúa con la huelga de hambre, que ya comienza a hacer estragos en los huelguistas. Este lunes se han sometido a reconocimientos médicos, porque "ya notan mareos" por el esfuerzo que implica esta protesta. "Hay que tener un estado de ánimo muy grande", dice Casero, que confiesa que "de noche se duerme poco" y por el día no paran de recibir visitas y de tener reuniones.
El problema, en la arena política
La semana pasada, Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba, ambas gobernadas por el PP, firmaron un convenio para garantizar el abastecimiento de agua en el norte de la provincia, gracias a 15 millones de euros destinados a mejoras en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, con los que se pretende finalizar la conexión con el embalse de Puente Nuevo.
El PSOE desconfía de acuerdo, porque "se trata del cuarto anuncio en tres años de las mismas obras que fueron declaradas de interés autonómico en 2020 y que deberían estar finalizadas y en uso hace años, y que sin embargo, a escasos días de comenzar 2024, aún no tienen proyecto, ni plazo de ejecución".
Desde IU están dispuestos a presentar una denuncia ante la Fiscalía por "prevaricación ambiental", como respuesta al convenio suscrito entre Junta y Diputación, que considera "una farsa y una vergüenza", ya que el supuesto plan del Gobierno andaluz consiste en "mezclar un 60% de agua potable con un 40% de agua potencialmente tóxica".
Enrique Santiago, diputado de Sumar por Córdoba, ha visitado este lunes a los miembros de la plataforma, donde ha criticado "la dejación de las distintas administraciones públicas competentes, especialmente de la Junta de Andalucía". Y ha pedido que "pongan en marcha, de una vez, los programas de potabilización" y también "los programas de prevención de la contaminación del agua y que acometan la conexión definitiva" entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera.
El PP se defiende asegurando que "el PSOE ha sido parte del problema y está lejos de ser parte de la solución", ya que "solo busca la polémica, la confrontación y la tergiversación para confundir de forma premeditada a los ciudadanos". Y asegura: "Tenemos una hoja de ruta trazada que se va cumpliendo poco a poco y que han diseñado los expertos, los técnicos especializados que son los que nos marcan el camino a seguir desde la gestión pública de la administración y la política".