Las entidades que atienden a las personas con discapacidad en la provincia de Cádiz se han movilizado este martes para reclamar una solución a la grave situación que padecen su centros y servicios por la falta de una financiación justa, lo que pone en riesgo su supervivencia. Personas con discapacidad, familiares y profesionales de estos centros y servicios que atienden a este colectivo se han concentrado en la plaza de San Juan de Dios para exigir una respuesta urgente a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación ante la situación límite que atraviesan.
En esta concentración se ha procedido a la lectura de un manifiesto con sus reinvidicaciones subrayando la necesidad de contar con una financiación más justa para los servicios y atención esenciales para las personas con discapacidad en la provincia con el objetivo de garantizar su prestación y adecuarla además a los gastos que tienen que soportar las entidades.
En el manifiesto se pone de relieve también la importancia de realizar un estudio del coste real de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo y no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios, sino en un análisis previo y riguroso del coste real de los servicios.
Para ello se propone un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades.
Esta acción en Cádiz forma parte del calendario de movilizaciones que está impulsando el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-Andalucía) y que se desarrollarán durante el mes de noviembre por todas las ciudades de Andalucía. Desde Cermi-Andalucía, cuyas entidades atienden a más de medio millón de personas con discapacidad en la comunidad, se pone de manifiesto, la "situación de asfixia que atraviesan las entidades" con el actual modelo y advirtió que actualmente los servicios que prestan están en riesgo por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real.
Para afrontar este problema, se solicitó la revisión al alza del coste plaza y la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios. Cermi-Andalucía asegura que son las entidades las que atienden a este colectivo, cuando se trata de un servicio que compete a la administración y que, sin embargo, no realiza y a la vez no les concede una financiación adecuada para ello, lo que está llevando a las entidades y a sus centros a una situación "límite e insostenible".
Las reivindicaciones de la discapacidad van dirigidas tanto a la Junta de Andalucía y como al Gobierno Nacional. Así, al Ejecutivo de Pedro Sánchez le exigen que elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.
Cermi Andalucía solicita al Gobierno andaluz un nuevo modelo de financiación que financie los servicios públicos que se nos encomienda por falta de medios propios para prestarlos, un modelo que permita cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona.
El manifiesto apoyado por todas las entidades recoge la demanda de una financiación real y sólida, ya que se necesita una solución a largo plazo y permanente que confiera estabilidad a las entidades en la prestación de estos servicios. Asimismo, se reclama un pacto social y político por la discapacidad, que garantice la estabilidad de las entidades sociales y de los servicios y recursos que prestan. Las personas con discapacidad merecen una atención constante, sin el temor de que los servicios que reciban puedan desaparecer de un día para otro por falta de recursos.