Un defecto de forma impide juzgar las ayudas de 8 millones de euros de la Junta al Grupo Joly

La jueza instructora del caso, María Núñez Bolaños, realizó diligencias durante los tres meses posteriores al plazo legal que establece la ley; el magistrado José Ignacio Vilaplana defiende que las ayudas fueron "irregulares"

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María de los Ángeles Núñez Bolaños, magistrada que realizó las diligencias fuera de plazo, en una imagen de archivo. FOTO: EUROPA PRESS
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María de los Ángeles Núñez Bolaños, magistrada que realizó las diligencias fuera de plazo, en una imagen de archivo. FOTO: EUROPA PRESS

El juez de refuerzo de Instrucción 6 de Sevilla competente en la instrucción de las macrocausas de corrupción, José Ignacio Vilaplana, ha archivado la pieza del Caso ERE que versaba sobre una ayuda de 8 millones de euros que concedió la Junta de Andalucía de forma "irregular". El archivo llega por un defecto de forma, según ha adelantado el peródico ABC de Sevilla.

El auto, dictado esta misma semana, anula todas las diligencias que se realizaron una vez superado el 4 de abril de 2019 porque, según, el juez, es el día en el que expiró el plazo legal para que la jueza María Núñez Bolaños realizara las investigaciones pertinentes. Este error, que se traduce en un defecto de forma, provoca que estas ayudas puedan ser juzgadas en un juicio oral. De esta forma, el juez da la razón al recurso presentado por la defensa del Grupo Joly en el que, precisamente, se denunciaba esta ampliación del plazo.

El juez Vilaplana reconoce en su escrito que a pesar de que mantiene su creencia de que las ayudas fueron fraudulentas, no tiene más remedio que anular las diligencias practicadas adheriéndose a la doctrina judicial establecida por la Audiencia de Sevilla. Esto supone invalidar las declaraciones del exdirector general de Trabajo, Daniel Rovera, del intermediario, José González Mata y de investigados del Grupo Joly como Javier Moyano Zamora, Javier Isasi Fernández de Bobadilla, José Joly Martínez de Salazar.

Estas ayudas, según el magistrado, beficiaron a esta empresa con cargo a fondos públicos de manera "injusta y arbitraria", establece el auto publicado por ABC de Sevilla. Vilaplana también señala una carta que está presente en el sumario en la que Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo ya fallecido, le dice al presidente de Joly que "el compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales a los trabajadores mayores de 52 años que resulten excedentes en el consecuente proceso de adaptación de plantilla".Con esta resolución se archiva la causa por las ayudas de 8 millones concedidas.

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