El Defensor del Pueblo Andaluz tiene desde este martes la queja de un gran número de técnicos superiores del Servicio Andaluz de Salud —alrededor de 600— sobre las presuntas "irregularidades" de la administración andaluza.
Estas anomalías, que también van a ser presentadas como denuncia por vía legal, están basadas en las presuntas violaciones administrativas "tanto en el llamamiento como el nombramiento de personal, infringiendo de forma consciente y sistémica la normativa".
La mayoría de los denunciantes posee la "categoría de personal estatutario temporal" y asegura que la situación de irregularidad "sistemática" de la reglamentación provoca "una precarización continuada" en el sector y daña los servicios de salud pública que reciben los ciudadanos.
La cooperativa jurídica Gestea es la encargada de asesorar, coordinar y representar al colectivo sanitario en esta denuncia colectiva cuyo objetivo, según estos portavoces, es conseguir "dignidad en sus condiciones laborales y que el SAS acate la normativa vigente en la contratación pública sanitaria".
Uno de los representantes de Gestea y de los denunciantes, procedentes de provincias andaluzas como Córdoba, Sevilla y Cádiz, es el abogado gaditano Pedro Castilla Vidal. El abogado asegura que la situación actual permite "perpetuar la precarización laboral de miles de técnicos que velan por la salud de los ciudadanos de Andalucía".
En su situación actual, esta posible mala praxis administrativa del SAS impide que los usuarios reciban "los debidos cuidados y, mucho menos, un servicio sanitario público de calidad. Esta continua y flagrante ilegalidad que comete la Consejería de Salud forma parte de la tendencia del Gobierno andaluz por el progresivo desmantelamiento de los servicios públicos".
Entre las posibles irregularidades constantes que ya están en manos del Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, los afectados citan "contratos de interinidad o sustitución sin causa, personal trabajando sin alta en Seguridad Social y sin contrato, contratos anulados después de haber empezado la prestación de servicios e impago de las liquidaciones o de horas complementarias".
La lista de reproches administrativos se amplía con "la absoluta opacidad de la administración sobre el método para realizar llamamientos del personal temporal de la bolsa del SAS, la elaboración de la lista única de personal estatutario, que sigue sin actualizarse, o el tipo de porcentaje aprobado anualmente de reservas de plazas para promoción interna".
El personal afectado pertenece mayoritariamente a las áreas de laboratorio, radiodiagnóstico, dietética y nutrición, anatomía patológica o medicina nuclear en distintos recintos sanitarios de varias provincias andaluzas.
La queja ante la Defensoría del Pueblo Andaluz tendrá como siguiente paso la presentación de una denuncia ante la Oficina contra el Fraude, la solicitud de informes a la Mesa Sectorial de Sanidad y la formulación de acciones legales frente a la administración sanitaria, anuncian.