Andalucía Inclusiva Cocemfe, que representa a más de 53.000 personas con discapacidad física y orgánica y a sus familias en Andalucía, lamenta el procedimiento que la Junta de Andalucía ha llevado a cabo para la contratación de vigilantes de playa en su plan Playas seguras, donde se han vulnerado los derechos de las personas andaluzas con discapacidad.
Después de que la Junta de Andalucía anunciase la disposición de un fondo para la contratación de 3.000 vigilantes de playas para la temporada estival de 2020, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, especificó que se seguiría “el procedimiento de emergencia recogido en la resolución del 14 de abril de 2020 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública” en el que se establecen las bases para la selección del personal funcionario y laboral temporal en el marco de la Covid-19.
El consejero señaló que específicamente en este proceso, "se contará, en primera instancia, con los candidatos que se encuentran en las bolsas vigentes en la categoría laboral de cada provincia, y en el caso de que se agotaran y no hubiera cantidad suficiente, se hará la oferta a través de un anuncio en la web del empleado público". Además, agregó que "la selección se va a hacer por orden de solicitudes siempre que se cumplan los requisitos de titulación y capacidad de incorporación inmediata".
Esta forma de contratación contradice frontalmente el mandato legal de reserva de contratación para personas con discapacidad recogido en la Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, pues no garantiza la reserva de cupo de contratación a personas con discapacidad puesto que no se cumple “la obligación de reservar el 10% de las plazas a personas con discapacidad” como dice la ley.
Las personas con discapacidad están perfectamente preparadas para desempeñar esta función y la administración no puede excusarse en la situación excepcional de la Covid-19 para discriminarlas en su acceso al empleo público, han dicho desde esta organización
La presidenta de Andalucía Inclusiva Cocemfe, Rocío Pérez Gómez, ha manifestado que “espera que desde la Junta de Andalucía "se recapacite y se dé marcha atrás a este procedimiento para reponer a las personas con discapacidad de sus derechos y que éstas puedan optar a las plazas de contratación pública del programa playa seguras”.
Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha afeado que Moreno Bonilla "siga sin dar explicaciones sobre la contratación de los 3.000 vigilantes de playas". "Moreno ha dedicado más tiempo a anunciar los vigilantes de playas, que a seleccionar al personal. Ha faltado el respeto a ayuntamientos, servicio andaluz de empleo y a las personas aspirantes que depositaron esperanzas en esta oferta de empleo. Ya tiene una queja de organizaciones de personas con discapacidad, por ignorar la obligación de reserva de plazas para estas personas. Mintieron en el sueldo, en la selección y en las condiciones laborales", concluye.
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