"Esto da para escribir un libro, podría tirarme horas contándote...". Es la primera advertencia que ofrece una de las fuentes sindicales consultadas por lavozdelsur.es. La Fundación Centro de Acogida San José, constituida hace 34 años por el Ayuntamiento de Jerez, cuenta con una residencia de ancianos con 122 residentes y el albergue municipal, con capacidad para medio centenar de plazas. En total, su plantilla asciende a unos 140 empleados públicos. A diferencia de la gran tragedia de los geriátricos —solo en Vitalia La Marquesa, en Jerez, han fallecido treinta residentes—, ancianos y trabajadores han salido airosos hasta la fecha de la pandemia de covid.
Sin embargo, los problemas internos se multiplican, hasta el punto de que el presidente del comité de empresa acumula tres expedientes disciplinarios en solo unos meses, el coordinador del asilo ha sido destituido recientemente tras 18 años en el puesto, se ha privatizado "de la noche a la mañana" un servicio como el de lavandería —la adjudicación se ha hecho a una empresa sevillana—, "prescindiendo de dos empleadas públicas a jornada parcial", hay una denuncia ante Fiscalía por un presunto delito contra la salud pública —relacionada con el lavado de uniformes del personal—, hay conflictos de trabajadores judicializados, y hay multitud de supuestas irregularidades denunciadas ante la Inspección de Trabajo por las que la fundación ya ha sido incluso sancionada por la Tesorería de la Seguridad Social, siempre según los sindicatos con los que ha contactado lavozdelsur.es.
Cientos de empleados, familiares y miembros de algunos grupos de la oposición se han manifestado a las puertas del geriátrico hace escasas semanas, y todos señalan al mismo sitio: el despacho de dirección. El sindicato mayoritario en el comité, UGT —también tienen representación CGT, ATMJ, CCOO y CSIF— no duda en acusar de prácticas "dictatoriales" y de prácticamente haber convertido la fundación en su "cortijo" a la directora-gerente, Fátima Villar, nombrada en el último año de Pedro Pacheco como alcalde (2002) y que ha resistido en el cargo a los gobiernos de Pilar Sánchez, María José García-Pelayo y Mamen Sánchez. Una capacidad de resistencia a prueba de partidos y líderes políticos, y casi inédita en el Consistorio jerezano en las últimas dos décadas.
"La gestión es un caos, pero por lo que nos dicen los trabajadores ella es un corcho", afirma José Porras, desde la federación provincial de servicios públicos de la UGT. A raíz de las denuncias y de las movilizaciones, la delegada de Acción Social, Carmen Collado, emitió una nota de prensa en defensa de Villar. "El gobierno municipal reitera que la gestión por parte de la directora de la Fundación Asilo San José cuenta con su total confianza y que el esfuerzo de la institución seguirá puesto en mantener las condiciones de seguridad en los centros dependientes de la misma, tanto el asilo San José como el albergue municipal".
Todas las protestas, en esa nota, se enmarcaban en la negociación del nuevo convenio colectivo. "Pedimos al comité una negociación responsable, transparente. Tenemos que defender las condiciones de la plantilla, que realiza un trabajo magnífico, y tenemos que poner en valor el servicio que se ha ofrecido durante el estado de alarma y ahora en unas condiciones que son nuevas para todos y en las que tiene que primar la prevención sanitaria", requería Collado, y añadía: "La negociación del convenio colectivo no puede ser motivo para enturbiar una labor impecable tanto de la dirección como de la plantilla”.
Grupos políticos como IU ya han advertido que no van a adoptar una posición neutral en el conflicto abierto entre los trabajadores de la fundación y la dirección de la misma. A juicio de la coalición de izquierdas, después de contrastar la información recibida en las reuniones de la Junta Patronal y contrastarla con los empleados del Asilo, "resulta evidente que están pasando cosas, sumamente graves, de las que los patronos no están siendo debidamente informados y que exceden de las decisiones concretas que la Junta Patronal ha ido adoptando y tienen que ver con el trato que reciben, día a día, los empleados tanto del Asilo como del Albergue, un trato que afecta no sólo a la plantilla sino también a los residentes".
Del mismo modo, IU Jerez advierte que en las Juntas Patronales "se está vendiendo sólo una versión de lo que está pasando y, lo que es peor, se está tratando de hacer ver, la propia redacción de las actas así lo indica, que la información trasladada por la dirección y las explicaciones vertidas por ésta y por los miembros del gobierno local en la Junta, son compartidas por el conjunto de los patronos, cosa que no es real dado que la mayoría de patronos se han limitado a recibir información, sin manifestarse y sin votar, en ningún caso, las conclusiones que se extraen de dichas informaciones".
Izquierda Unida adelanta que pedirá la asunción de responsabilidades pues considera de suma gravedad los hechos que están denunciando los trabajadores, así como el hecho de que las Juntas Patronales, "lejos de servir para contrastar estas denuncias y abordarlas con honestidad en busca de soluciones a los evidentes problemas que están poniendo los trabajadores, se estén intentando usar de manera sesgada para legitimar la gestión diaria del Asilo frente a las denuncias de la plantilla".
"Funciona como si aquello fuera suyo y le han dado pie para eso los políticos"
"Han sido un cúmulo de cosas, pero desde hace cuatro años y pico que se ha denunciado ante la Inspección de Trabajo una serie de cuestiones y se ha ido acumulando todo, durante el estado de alarma todos hemos estado tensos y se ha paralizado todo, pero luego todo ha saltado ya por los aires", reconocen desde el comité de empresa. Insultos, tensiones, ninguneos al comité... en medio de la mayor pandemia del último siglo en España, las denuncias se suceden, pero las amenazas y el mal ambiente, también.
"Funciona como si aquello fuera suyo —por la directora— y le han dado pie para eso los políticos. Montar una empresa privada para el cuidado de mayores eso nunca se debería haber permitido, pero lo nuestro no tiene ánimo de lucro y por eso no hemos entendido que durante el estado de alarma teníamos que exigir, por ejemplo, que se reforzase el departamento de limpieza, pero no ha sido así, sino todo lo contrario: en servicios mínimos por las tardes los fines de semana", denuncian fuentes sindicales a este medio.
"De toda la vida se ha hecho allí lo que ha dicho Fátima, no ha tenido en cuenta para nada la opinión del comité, hasta este año no ha habido informes trimestrales de situación de la fundación; las horas complementarias de las jornadas parciales se abonaban erróneamente; se producían trasladados tras amortizar plazas sin previo aviso y, pese a ganarse en los tribunales, se sigue manteniendo el traslado; no hace mucho la fundación, es decir los contribuyentes jerezanos, tuvieron que pagar 26.000 euros de sanción con un recargo del 20% a la Seguridad Social por regularizaciones... cosas increíbles que están pasando", subrayan.
Rocío Monedero, miembro de Podemos y concejala de Adelante Jerez en el pleno, explicaba recientemente que “hemos escuchado todas las reivindicaciones que nos plantean desde el comité que representa a los trabajadores y trabajadoras y nos han planteado diferentes cuestiones que consideran irregulares; hablamos de deficiencia en las contrataciones, incumplimiento de sentencias judiciales, o privatización de servicios elementales del asilo, entre otras cuestiones”. "No debería retrasarse una reunión entre el comité de empresa y la presidencia y dirección de la fundación, ostentadas por Mamen Sánchez y Fátima Villar, respectivamente, dadas las dudas que surgen sobre todas las cuestiones que atañen a las acciones tomadas desde la dirección y la negativa de ésta a reunir al Patronato y al comité de empresa, que es quien representa a la plantilla".