El 31 de julio de este mes, Dolores Jiménez, su marido y cuidador y su hijo de 20 años estudiante de Bachiller, tendrán que abandonar su casa de Bormujos, así lo estableció un decreto de marzo de 2020, poco antes de que estallara la pandemia. Dolores, con 56 años, es una mujer con discapacidad y tiene un marcapasos que le impide realizar muchas funciones cotidianas, aparte de necesitar un respirador artificial.
“El banco no me quiere dar un alquiler social ni aunque me muera”, relata la afectada a lavozdelsur.es. A Dolores, los médicos le aconsejan no salir de casa debido a sus afecciones, y permanece gran parte del día en cama. El drama se hace mayor porque la familia no tiene ningún lugar al que ir si son desahuciados, y tampoco podrían alquilar al estar en listas de morosos como el RAI. Destaca la labor del Ayuntamiento de Bormujos, del que apunta que es la única Administración pública que “se ha interesado por ellos y hacen todo lo que pueden”. A pesar de ello, este Consistorio no puede ofrecerles otra vivienda en alquiler social.
“Lo único que pido es que me den un alquiler social para quedarme en mi casa, que ya está adaptada a mis necesidades”, aclarando que llevan 21 años en esa vivienda, la cual tuvo un precio en la época de unos 85.000 euros. “Me veo en estas circunstancias por idiota, por confiar en las personas”. Fue con la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) con quien Dolores firmó su primera hipoteca, que luego pasó al Banco Sabadell. En este tiempo, ha sufrido hasta un corte de luz, el cual fue socorrido por un vecino “tirándole” un cable hasta su casa porque es indispensable para que funcione su respirador. Desde que presenta los informes médicos, al menos este hecho, no ha vuelto a sucederle.
Su abogado, José Montero de Cisneros, presentó cinco demandas en enero y, sobre una de ellas, el juez debió darles plazo para que en 20 días tuvieran un juicio de medidas cautelares y así paralizar el desahucio a la espera de que esas demandas adquirieran adultez. Pero debido a la filtración de un funcionario del juzgado numero 29 de Sevilla, han podido saber que estaban citados para dicho juicio no en enero cuando lo solicitaban, sino para la segunda semana de este mes de julio, algo de lo que no tuvieron notificación.
Por ello, les emplazaron a esta semana, a pesar de haberles indicado por adelantado que no existe ninguna intención de darles las medidas cautelares que pidieron a primeros de año. “Con esto, se están cubriendo las espaldas antes de echar a la calle a esta señora y digan que ha habido una injusticia con la propia administración de Justicia”, expresa el abogado. Del juicio del pasado miércoles 15 de julio siguen esperando el auto a la vez que han solicitado un escrito pidiendo una moratoria que permita a la familia quedarse en la casa debido a la actual situación sanitaria a causa del covid.
“Nos han contestado diciendo que nos atengamos a lo que ya nos habían dicho antes pero sin ningún tipo de fundamentación”, señala Montero, que ve que la propia Administración “quiere quitarse de encima este problema y desahuciar este próximo 31”. A la espera de esas medidas cautelares, el abogado intenta poner todos los diques de contención posibles para evitar que Dolores y su familia se vean en la calle cuando finalice este mes. “El problema no es que ahora no pueda pagar, puede hacerlo. El problema es que el propietario actual quiere venderlo o alquilarlo a un mayor precio, especulando con esa vivienda adaptada”.
Pero el proceso para que esta familia se vea sin tener a donde ir en unos días está lleno de posibles irregularidades, o al menos así lo ve el abogado. “Las demandas que hemos puesto son sobre cláusulas abusivas en las escrituras de hipoteca cuando la familia era la propietaria y pagaba al Sabadell”. Y para Montero hay cosas que no encajan, puesto que el desahucio se va a producir por el impago de un alquiler, no de una hipoteca.
Por ello, la estrategia jurídica busca ir atrás en el tiempo, llegando a la conclusión de que si esas cláusulas no hubieren estado ahí hace años con la hipoteca, probablemente Dolores podría haber pagado, sin verse abocada a una dación en pago, además mucho más alta a consecuencia de dichas cláusulas abusivas que la llevaron a esta situación. Montero recuerda a este respecto la reciente sentencia del TJUE, de ayer jueves, que obliga a devolver los gastos hipotecarios abusivos. El proceso está plagado de este tipo de cláusulas, que se han ido sucediendo en todas las hipotecas que la familia iba adquiriendo para hacer frente a las anteriores, al igual que en el propio contrato de arrendamiento.
Esa acumulación de gastos es la que ha provocado la actual situación de desahucio a la que deben hacer frente en breve. “Se ha hecho ver como que Dolores no quiere pagar y es incierto, dejó de pagar en su momento por la aplicación de estas cláusulas y, ahora que puede hacerlo, la quieren echar de su casa y están en su derecho porque es de ellos, pero deben afrontar que es para vender el piso y especular con él”.
Cuando la pandemia llegó a España y se decretó el estado de alarma a nivel nacional, quedaron prohibidos los desahucios de primera vivienda y los cortes de suministros indispensables, que es algo que la defensa de la familia ha tenido en cuenta y pidió esta semana al juzgado de oficio, que deprisa y corriendo contestó negando esta posibilidad a pesar de recogerse en un Real Decreto. “No quieren que nada quede por contestar antes de este desahucio, que creen que se va a producir, y se están lavando las manos”.
Algo que se une a la anomalía de celebrar en julio un juicio que estaba previsto para el 20 de enero. “Por la aplicación de este decreto a causa del covid tiene derecho a permanecer seis meses más en la vivienda, pero nos despacharon ayer jueves por la noche diciendo que estaba acordado antes”. Para Montero es “un despropósito”, porque lo acordado con anterioridad es previo a una Ley que se publicó en abril. Para el jurista, “el juzgado número 4 y el número 29 de Sevilla están tratando de salvaguardarse las espaldas en esta situación y también tienen su parte de responsabilidad”.
Jurídicamente, el estado de salud de Dolores no tiene influencia alguna en el proceso judicial. “No hace falta que se esté al borde de la muerte para que la dejen en casa, es que tiene derecho a quedarse seis meses a consecuencia de la normativa a causa del covid, incluso más tiempo hasta que terminen los procesos judiciales”.