Este lunes, 26 de agosto, se cumplen dos años de la detención del activista de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, víctima de una trama que pretendió implicarlo en un delito de tráfico de drogas. Dos años después, las diligencias contra los cuatro imputados como presuntos organizadores de la trama, siguen atascadas en el juzgado de Ubrique.
Clavero fue detenido en la localidad de El Bosque al encontrar una dotación de la Guardia Civil una importante cantidad de cocaína en su furgoneta. La inmensa mayoría de entidades políticas y sociales de la Sierra de Cádiz y la opinión pública, no dieron crédito a esta acusación y denunciaron que se trataba de una burda trampa para anular su participación en la campaña por la apertura de caminos públicos en el Parque Natural Sierra de Grazalema, del que Clavero fue el primer director. Esta detención tuvo una gran repercusión mediática.
Desde un primero momento las sospechas se dirigieron a algunos responsables de la sociedad Breña del Agua Investments SL, del importante empresario belga Marnix Galle, que es la mayor propietaria privada de fincas en el Parque Natural, y que ha venido provocando numerosos incidentes por el cierre de todos los caminos públicos que circulan por sus fincas.
A los pocos días de la detención, el juez instructor de Ubrique decidió el sobreseimiento de las actuaciones contra Juan Clavero, al evidenciarse que había sido objeto de "actuaciones malintencionadas por parte de terceros" que colocaron droga en su vehículo.
Tras la exhaustiva investigación realizada por la Guardia Civil, el juzgado de Ubrique imputó a cuatro personas como presuntos autores de la trama: José Miguel Herrera, administrador de la Sociedad Breña del Agua Investments SL, Óscar González y Juan Luis Pérez Ramírez, capataces de las fincas de dicha sociedad, y Manuel Alcaide, la persona que presuntamente colocó la droga en su furgoneta.
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Tras dos años, las diligencias previas prosiguen con suma lentitud, debido a la falta de medios y recursos de juzgado de Ubrique. Los cuatro imputados se negaron a declarar. El cabo de la Guardia Civil que detuvo a Juan Clavero sí declaró, reconociendo que el atestado que firmó y que sirvió de base a la imputación de Juan Clavero, contenía numerosas falsedades, y que la explicación que esgrimieron de que había sido detenido en un control rutinario, no era cierta. También reconoció que ocultó su reunión con José M. Herrera, en la que se preparó la detención de Juan Clavero, y que quedó grabada en la cámara de seguridad de un restaurante de El Bosque.
Actualmente, se está a la espera de que el juez resuelva la petición de diligencias complementarias que han presentado los abogados de Clavero y de Ecologistas en Acción, que también está personada en la causa. Estas diligencias son de gran importancia para desvelar la totalidad de la trama, y consisten en requerir el listado de llamadas telefónicas entre todos los imputados el día de la detención de Clavero, y que se tome declaración de nuevo, pero en calidad de investigado, al cabo de la Guardia Civil, pues, como poco, y tras su declaración, ha quedado en evidencia que "no puso en su momento a disposición de la autoridad judicial toda la información de la que disponía, que falsificó el atestado, y todo a pesar de que tenía plena constancia de que con ello se le imputaría un delito contra la salud pública a Clavero". Por todo ello, el cabo podría haber incurrido en un presunto delito de cooperación necesaria en denuncia falsa.
Tanto Clavero como Ecologistas en Acción lamentan que "la penuria de recursos de los juzgados retrasen las causas penales de tal forma que, cuando se llega a juicio y se dicta sentencia, el tiempo y las dilaciones atemperan las penas y las responsabilidades".