La rugolupteryx okamurae es un alga invasora que llegó a las costas gaditanas en 2016. Desde entonces ha ocupado en torno al 80% de las superficies horizontales de fondos rocosos del entorno del Estrecho de Gibraltar, según calcula el estudio desarrollado por la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (US) con el apoyo de la Fundación Cepsa. La presencia de esta especie preocupa a los habitantes de la zona, a los que está causando perjuicios económicos, sobre todo al sector pesquero.
La Mesa Ciudadana sobre el Alga Invasora, una herramienta participativa creada en verano de 2019 y de la que forman parte representantes del Ayuntamiento de Tarifa, de la Cofradía de Pescadores y de la Asociación de Empresarios de Tarifa, se reúne este miércoles 10 de junio, por fin, con un miembro de alguna institución que puede ayudar a plantear soluciones al problema. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, un cargo adscrito al Ministerio de Transición Ecológica, mantendrá un encuentro virtual con los miembros de la Mesa en la que es la primera respuesta de una administración a la solicitud de este organismo ciudadano. La Junta aun no ha respondido a sus peticiones.
Francisco Ruiz, alcalde de Tarifa; Manuel Suárez, en representación de la Cofradía de Pescadores; Luis Sotomayor, por la Asociación de Empresarios de Tarifa, y la portavoz del colectivo, Candela Sánchez, estarán presentes en la reunión. Sánchez, en declaraciones a lavozdelsur.es, asegura que tienen “bastante esperanza” puesta en esta reunión, en la que al menos podrán “exponer nuestras circunstancias”. “El trámite para declararla especie invasora está en marcha y para añadirla al catálogo de especie invasora europea también”, explica la portavoz de la Mesa Ciudadana.
“En la Ley que regula el patrimonio natural en España hay un artículo que especifica que cuando una especie tiene un comportamiento invasor, aunque no esté incluida en el catálogo, se pueden tomar una serie de medidas urgentes para paliar las consecuencias de la invasión”, cuenta Candela Sánchez, quien espera que “el Gobierno esté dispuesto a actuar de forma subsidiaria”. “Queremos que se tomen medidas urgentes y que haya compensaciones al sector pesquero”, apunta.
El Ayuntamiento de Tarifa trabaja en un plan de contingencia para las playas que contempla actuaciones planificadas para la retirada de los arribazones de algas invasoras. Solo el año pasado destinó más de 40.000 euros a la retirada de los citados arribazones, para lo que contó con el apoyo de la Diputación de Cádiz. Pocas administraciones más han arrimado el hombro hasta ahora. La portavoz de la Mesa Ciudadana sobre el Alga Invasora espera que se haga “una evaluación real de la situación” para atajar un problema que está afectando al sector pesquero y que temen que haga lo propio con el turístico si sigue su proyección.
La iniciativa ciudadana quiere, además, que se depuren responsabilidades y que se determine quienes son los culpables de la introducción de la rugolupteryx okamurae en el Estrecho de Gibraltar. La Mesa sobre el Alga Invasora no tiene certezas pero cree que puede proceder del agua de lastre vertida por buques mercantes, por lo quiere que se identifique a las embarcaciones que han realizado vertidos entre 2008 y 2014, “admitiendo la responsabilidad subsidiaria de los organismos competentes en esta materia —Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, Marina Mercante, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Capitanía Marítima de Algeciras—".
El manifiesto de la Mesa Ciudadana sobre el Alga Invasora recoge la necesidad de “promover la implicación del sector científico-universitario en la búsqueda de soluciones o medidas para paliar la invasión, tanto a corto como a medio o largo plazo. La situación actual de invasión de la rugolupteryx okamurae es tan solo el principio, y es de prever que la plaga continúe afianzándose y extendiéndose tanto de forma natural, por el régimen de corrientes en el Estrecho y la enorme capacidad reproductiva del alga, así como a través del tráfico marítimo”. La reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente es el primer contacto con una de las instituciones que pueden empezar a atisbar una solución para una zona que lleva años viendo cómo esta alga invasora va copando el fondo marino y acorralando a otras especies.