Ha pasado más de una década desde que el Caso ERE saltara por los aires en Andalucía. Desde entonces, numerosos políticos han sido condenados. Entre ellos, dos ex presidentes de la Junta de Andalucía: José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Es el mayor caso de corrupción de la historia de la comunidad. Sin embargo, los juzgados aún no han podido dar carpetazo al asunto y las condenas se siguen sucediendo.
En esta ocasión, tres directivos de la empresa Aeronáutica del Sur (Aerosur), con instalaciones en Sevilla, Cádiz y El Puerto, han sido condenados tras un acuerdo entre las partes en el que los acusados han reconocido los hechos que se les imputaban. Finalmente, la fiscal ha solicitado un año de prisión y dos años y medio de inhabilitación absoluta por un delito de malversación y un año y ocho meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público por un delito de prevaricación. A ello se ha unido el PP andaluz como acusación popular. Los tres directivos han terminado aceptando.
En concreto, estos tres miembros de Aerosur estaban acusados de delitos de malversación y prevaricación derivados de una ayuda autonómica de 1,2 millones de euros recibida "injustamente" en el marco de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las subvenciones arbitrarias y sin publicidad con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.
En su escrito de acusación, la Fiscalía detalla que los acusados son Luis María G.C., director de Aerosur de 1995 a 2012; Manuel A.B., vicepresidente del consejo de administración de dicha empresa entre 1995 y 2010; y Daniel d.l.G.C., presidente del consejo de administración de 1994 a 2004, quienes "solicitaron verbalmente y actuaron en connivencia previa" con "altos cargos" de la Junta de Andalucía como el consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el viceconsejero de Empleo y posteriormente consejero del ramo Antonio Fernández, el director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y el director general del IFA Francisco Mencía Morales; para que la entidad resultase "beneficiaria injustamente de una ayuda directa e incondicionada" de 12, millones de euros.
La citada ayuda, según la Fiscalía, fue concedida "sin que existieran bases reguladoras, sin convocatoria pública, sin resolución motivada" y sin que mediase ningún "criterio de concurrencia ni objetividad" que justificase la omisión de "los trámites ordinarios y la fiscalización". Sin embargo, los empresarios eran conocedores de que no se había seguido un procedimiento legal.