"Mi vida me pertenece a mí. Ni a mi familia ni a las leyes ni a los jueces ni a nadie. Es mía. Y quiero disponer de ella hasta el final", con esta reveladora frase se dirigía Antonio Buenavida, el activista sevillano fallecido el pasado 12 de julio, a sus 66 años, tras una larga enfermedad que le llevó a pedir la eutanasia, en una entrevista a TVE sobre el primer año de la ley. Su muerte llegó por suicidio, debido al incumplimiento de los plazos por parte de la Junta de Andalucía. Antonio se fue reivindicando hasta el final, como lo hizo durante su vida entera, pues de niño ya le llamaban 'El Justiciero', recordaba en una entrevista con El Topo.
Estrella López Álvarez, también de Sevilla, logró conseguir la eutanasia tras 34 años de enfermedad. "He sido feliz, pero mi amor por la vida ya no encaja en esta vida", aseguraba en una carta que dejó escrita antes de morir publicada en El País, dos días después de morir, el 2 de abril de 2022. Estrella, además del sufrimiento provocado por su enfermedad, tuvo que aguantar las trabas burocráticas con la repetición de su solicitud. Ella fue una de las 11 andaluzas que ha podido acogerse a la Ley de Eutanasia desde que empezó a funcionar el pasado mes de noviembre de 2021, con cuatro meses de retraso al resto de comunidades que se acogieron al plazo máximo del 25 de junio de 2021, para comenzar su puesta en marcha.
La prestación de ayuda para morir como derecho es la acción derivada de proporcionar los medios a una persona que cumple los requisitos previstos en la norma y que ha manifestado su deseo de morir, en los supuestos que recoge la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Es de carácter estatal, aunque cada autonomía ha desarrollado su decreto de obligado cumplimiento. Isabel Torres, presidenta de Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Andalucía, inicia afirmando a lavozdelsur.es que la falta de voluntad política en Andalucía guarda relación con que "hay gobernando un partido que votó en contra de esta ley" y, en este sentido, "pensamos que se están poniendo trabas para hacerlo bien".
Desde DMD aseguran que la solicitud de la eutanasia falla desde la base. "Cuando una persona quiere solicitar eutanasia, dentro del contexto eutanásico, es decir, de los supuestos que dice la ley, tiene que ir a su médico de familia y solicitarla. Y los médicos y las médicas a las que acuden no es que tengan mala voluntad, sino que no tienen información ni formación, y no están preparados para ello. Ahí se encuentran la primera traba", advierte Isabel.
Otras comunidades, como Euskadi, Cataluña, Navarra o Cantabria, son referentes en la aplicación de esta ley. "Es una reunión que tuvimos con la Consejería de Salud le propusimos que cogieran estos modelo que están funcionando muy bien", comenta la presidenta de DMD en Andalucía. En estas comunidades tienen equipos de referencia formados por sanitarios que están preparados en la ley, que sirven de apoyo y están para informar a los profesionales. "En Andalucía no hay equipos de referencia ni protocolos ni tampoco hay voluntad de hacerlos", lamenta Isabel, quien asegura que hacerlo "es fácil y, sobre todo, copiando lo que ya existe y está funcionando".
Respecto a los facultativos declarados objetores de conciencia, la asociación por el derecho a una muerte digna indica que "no creemos que sean tantos, de hecho, pensamos que hay más 'objetores de conveniencia' para evitar meterse en este lío tan gordo". A la saturación de la Atención Primaria se le suma el largo proceso que marca la ley. "Se hace una primera solicitud, a los 15 días hay que hacer otra y después, el médico de referencia, tiene que buscar a un médico consultor, con lo que también está habiendo problemas, porque no siempre se encuentra", apunta Isabel Torres, quien explica que "este suele ser un especialista, ajeno al proceso de enfermedad, para buscar la objetividad del caso".
Si todo es proceso va bien, el caso pasaría a la Comisión de Garantía y Evaluación. "En Andalucía por lo que estamos viendo no funcional mal, el problema es que los expedientes les llegan mal argumentados o no cumpliendo las formas y, a veces se tiene que iniciar de nuevo el proceso, o se echa para atrás", matiza la presidenta. Este contexto está provocando un mayor sufrimiento a las personas solicitantes y a sus familiares. "La gente que solicita la eutanasia está mal y esto solo alarga el sufrimiento y la impotencia de no saber qué hacer", apostilla.
Datos recientes de la Junta de Andalucía informaban de un total de 19 casos de eutanasia desde que se puso en marcha la ley en noviembre de 2021. De este total, 11 se habían resulto, pero Isabel Torres, presidenta de la DMD, añade dos más que tienen constancia desde la asociación que se resolvieron hace dos semanas y que llevaban 8 meses de espera. Otros dos se encuentran y seis fueron denegados por no cumplir con los requisitos eutanásicos. No obstante, estos son los casos que llegan a la Comisión de Garantía y Evaluación, pero existen más casos en proceso. "Muchos se están dilatando –denuncia Torres– sabemos de un caso que lleva un año esperando y de gente que lleva cuatro o cinco meses". Hay quien muere en la espera o quien se suicida, como el caso de Antonio Buenavida. "Su caso se estaba dilatando e hizo de su suicidio un gesto de protesta, para que quedase patente que esto no esta funcionando", admite Isabel, quien conocía y acompañó al activista sevillano en su proceso.
La asociación Derecho a Morir Dignamente expresan que, además de la enfermedad, existe "un encarnizamiento burocrático que se lo está haciendo pasar mal a la gente". Los pasos a seguir para una buena aplicación de la ley, según su presidente en Andalucía pasaría por "una mayor formación e información para los sanitarios, que se hagan protocolos y que se creen equipos de referencia que puedan a asesorar a los facultativos de Atención Primaria cuando les entre un caso de solicitud de eutanasia". El resto de plazos los marca la ley. E insisten: "Tenemos la referencia de otras comunidades donde ya está funcionando, no es tan difícil, pero hay falta de voluntad política para eso". Mientras tanto, DMD seguirá luchando "para que se cumpla la ley y este proceso sea cada más fácil y más llevadero".
Este martes, 26 de julio, de 11:00 a 12:00 horas, hay convocada una concentración frente a la sede del Parlamento de Andalucía para exigir el Derecho a una Muerte Digna y en recuerdo a Antonio Buenavida, que se suicidó como denuncia a la demora en aplicarle la eutanasia.