Hace unos días se confirmó la venta del negocio de Ferrovial, la concesionaria del servicio de Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Junta de Andalucía, que pasa ahora a manos de Portobello Capital, un fondo de inversión español que ha desembolsado 186 millones de euros. En una operación organizada por Bank of America, Portobello se ha hecho con los contratos de facility management de Ferrovial, que abarcan desde el alquiler de bicicletas, hasta contratos en hospitales o puertos, la restauración en trenes de Renfe, y el citado 112.
“Estamos a la expectativa y esperamos que no se recorten aún más las condiciones laborales y económicas que tenemos en el servicio”, señala una trabajadora de Emergencias 112 Andalucía en declaraciones a lavozdelsur.es. “Tenemos que tener presente que Portobello es una sociedad de capital de riesgo que creará un vehículo de inversión para captar fondos para la operación y luego creará la sociedad para formalizar la compra. Su función no será quedarse para siempre, sino conseguir que aumente de valor su participación y luego querrá materializar la plusvalía”, aclara esta misma empleada.
“Lo más preocupante de todo esto es que o se ha firmado ya o se está a punto de firmar la prórroga por dos años con Ferrovial Servicios y el Gobierno de la Junta sabe y conoce esta venta”, critica la trabajadora, quien recuerda que la concesionaria del servicio acumula múltiples denuncias de la Inspección de Trabajo, que ha detectado contratos del personal de la bolsa de empleo en fraude de ley —a los que se ha obligado a hacer indefinidos—, y que incluso hay procedimientos judiciales en marcha. “No hay quien entienda que se firme la prórroga”, recalca.
En una plantilla quemada por el estrés que sufre, con diferencias salariales según el centro en el que se encuentren los empleados, y con denuncias de continuos incumplimientos del pliego de condiciones por el que salió a concurso el servicio a través de un macrocontrato de 27 millones de euros, esta noticia añade aún más incertidumbre a sus vidas. En redes sociales, miembros de la plantilla están mostrando su inquietud por esta operación. "A esta gestora que se dedica a exprimir empresas le regala Juanma Moreno los millones de dinero público del 112 Andalucía mientras desmantela un servicio esencial", se queja uno. "Portobello capital, una gestora que se dedica a maximizar la rentabilidad de empresas y luego venderlas, no debería gestionar un servicio esencial como el 112", señala otro.
Emergencias 112 Andalucía tiene diez centros en la comunidad, uno por cada provincia y dos regionales, ubicados en Sevilla y Málaga, que han pedido la oferta presentada por la empresa para el actual concurso, “pero ni Ferrovial ni la Junta la han facilitado, impidiendo de esta manera que se puedan defender los derechos y condiciones laborales de la plantilla ante los abusos y atropellos que la empresa lleva a cabo”, se quejaba CCOO hace unos meses.
“Necesitamos más que nunca que el 112 sea un servicio público de calidad para la ciudadanía, en el que se cuide a una plantilla que trabaja con entrega y profesionalidad, con condiciones laborales dignas que acaben con la precariedad de estar enmarcados en el convenio de telemarketing, y que se le ponga fin a más de 20 años de subcontratación”, reclama la plantilla a través del sindicato. La realidad es que está muy lejos el día en que el servicio pase a manos públicas.
Los empleados del 112 realizan 1.596 horas de trabajo anuales, cuando les prometieron 1.516 horas con el nuevo contrato. “Estamos asfixiados”, expresaban empleados consultados por lavozdelsur.es. Marina Parejo, presidenta del comité de empresa del 112 en Málaga, en una intervención reciente, que desde que hace 20 años se impulsara este servicio —que siempre ha estado en manos privadas—, se vienen produciendo agravios entre empleados, que cobran distinto según el centro en el que se encuentren, aunque hagan el mismo trabajo. "Quienes atendemos el teléfono, realizando el mismo trabajo tenemos condiciones distintas, de salario e incluso de jornada", relata Parejo.
"El de Málaga es probablemente el centro de Andalucía con peores condiciones", dice la presidenta del comité del 112 en la provincia malagueña, ya que cuenta que ronda el 40% de personal eventual, unos trabajadores que perciben menos sueldo. "En los pliegos se recoge que una de las condiciones es que todos trabajadores tenemos que cobrar el mismo salario y trabajar las mismas horas, pero Elías Bendodo —consejero de la Presidencia de la Junta— dice que no es así, niega la evidencia", señala.
Portobello, investigado por la Justicia
El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid celebró a finales de octubre un juicio por responsabilidad social impulsado por un socio minoritario de Vivanta contra exdirectivos del fondo de inversión Portobello —nuevo adjudicatario en la práctica de 112 Andalucía— por el presunto perjuicio económico provocado al comprar el Grupo Vera Dental por un supuesto sobreprecio de 6,2 millones de euros.
La querella presentada contra el ex consejero delegado de Vivanta, Juan Olave Martín, y los socios de Portobello, Ramón Cerdeiras, Juan Luis Ramírez Belaustegui, Íñigo Sánchez Asiain, Carlos Dolz Espejo y las filiales del fondo de inversión Portobello Alfa y Portobello Gamma, fue admitida a trámite después de que el demandante asegurara que el Grupo Vera valía realmente 7 millones de euros, cuando fue adquirido por 14 millones.
El fondo de inversión Portobello tiene varios procedimientos abiertos en juzgados penales y mercantiles de Madrid, en los que se investigan las presuntas irregularidades cometidas por la firma, incluido un supuesto caso de espionaje. Esta serie de conflictos judiciales comenzó en 2019, cuando los socios minoritarios de Vivanta, desde franquiciados a dentistas, empezaron a acudir a los juzgados madrileños.
Vivanta se creó en 2017 después de que Portobello comprara varias empresas del sector, entre ellas Unidental. Esta operación es una de las investigadas por la Justicia. De hecho, el Juzgado de Instrucción Número 49 tramitó una querella por estafa, falsedad y administración desleal presentada por el antiguo dueño de Unidental contra Portobello como víctima de una supuesta trama para comprarle su negocio mediante engaños a bajo precio.