Un estudio elaborado por CSIF revela que los empleados públicos de la Administración del Estado cobran, de media, 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las comunidades autónomas y ayuntamientos por el mismo trabajo. Un dato que ha llevado al sindicato a celebrar una nueva protesta en Cádiz para exigir al Gobierno central que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los funcionarios.
La organización denuncia que desde que se constituyó el Gobierno actual de la nación, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar las cuestiones laborales. La concentración se ha llevado a cabo ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, y de manera simultánea en todas las capitales de provincia del país.
La presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga, ha señalado en la concentración que "es urgente negociar la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial (el actual caduca a final de año y ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6 por ciento desde 2022), así como la oferta de empleo público para 2025, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado".
Por otra parte, también en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que las/os empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010.
CSIF fija las necesidades en 1.487 millones para los próximos tres años en los Presupuestos Generales del Estado, de cara a llegar a 2028 con igualdad salarial. El sindicato entiende que se deben abordar sin más demora otros temas que afectan a las condiciones laborales de los empleados públicos como son la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición (es decir, cubriendo todas las jubilaciones que se han producido durante el año) para garantizar la calidad de los servicios públicos, la demanda de una jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado.