La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha cifrado en torno a un 90% por ciento el seguimiento en Andalucía del primer día de huelga indefinida por parte de los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia, que ha tenido lugar este lunes, 22 de mayo, en toda España.
Se trata de una nueva movilización de estos trabajadores públicos para solicitar una mejora en las condiciones laborales después de haber rechazado las primeras propuestas del Gobierno de España. La pasada semana se celebraron concentraciones frente a las diferentes sedes judiciales de todo el país.
El colectivo ha vuelto a denunciar una "discriminación" por parte del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez en cuanto a las remuneraciones. Esta jornada masiva de huelga se ha celebrado como preámbulo a la gran manifestación prevista para el jueves 25 de mayo en Madrid, donde se desplazarán trabajadores de toda España.
El sindicato ha lamentado que el ministerio "no haya mostrado voluntad de solucionar el conflicto con una oferta seria" para reconocer profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan estos trabajadores, que representan el 93% del total de la Oficina Judicial, según ha indicado la organización sindical en una nota de prensa.
Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Sector de Justicia de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, quien ha recordado que este departamento "ha hecho oídos sordos a nuestras reivindicaciones y al endurecimiento de nuestras protestas, cuyos efectos negativos para la ciudadanía lamentamos profundamente, si bien el único responsable es el ministerio, que sí ha tenido a bien atender y responder positivamente a todos colectivos".
El responsable sindical de CSIF ha subrayado que los funcionarios (unos 9.000 sólo en Andalucía y un total de 45.000 en el conjunto de España) están siendo tratados como "funcionarios de segunda" frente a otros cuerpos, y ha recordado que "llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente", de forma que "si sólo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la Justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca", ha argumentado.
Los sindicatos convocantes exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar. En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros.
Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'Complemento general del puesto', una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.
Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de 500.000 juicios se han visto suspendidos y aplazados, así como más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados en toda España.