Hace ahora un año, Miriam estuvo a punto de verse en la calle con sus tres hijos, de 15, tres años y 18 meses. Estando ella sola, sin ingresos, ni ayudas, tuvo que dejar la vivienda de Jerez en la que estaban de alquiler porque no podía pagarla. Y decidió meterse en una casa, propiedad de la Junta de Andalucía, que llevaba años vacía.
"Yo siempre decía que no sería capaz de meterme, pero cuando te ves sola con tus hijos, lo haces por ellos", cuenta Miriam Fernández cuando atiende a lavozdelsur.es. En unas pocas semanas, concretamente a partir del 18 de octubre, cuando tiene previsto el juicio por desalojo, puede que tenga abandonar la vivienda de la Junta, que la denunció a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Cada vez que entra en la casa, ubicada en el Polígono San Benito de Jerez, a Miriam se le escapan las lágrimas. "Lo miro y me harto de llorar, yo no quería estar así, pero me vi sola y no podía permitir que mis hijos estuvieran en la calle", proclama. A mediados de octubre, previsiblemente, tendrá que abandonar la casa, y de momento no tiene una alternativa.
Miriam no tiene ingresos, más allá del cheque de comida que le entrega la asistenta social —unos 150 euros mensuales— y de la aportación del padre de sus hijos, que la ayuda con alimentos. "Ahora mismo estoy atada de pies y manos, porque no tengo a nadie con quien dejar a los niños", explica. Criando a los tres, sin posibilidad de ayudas familiares, tiene complicado encontrar un empleo que pueda compatibilizar con el cuidado de los niños.
El último año de Miriam, cuenta, ha sido el más complicado de su vida. Al mal trago de tener que ocupar una vivienda, tiene que sumar otros muchos momentos difíciles. En julio pasado tuvo el juicio por desalojo, que finalmente se aplazó por causas ajenas a ella —uno de los agentes que tenía que declarar no pudo hacerlo—, y por eso tuvo una prórroga inesperada.
Pero antes de eso tuvo que buscar ayuda para, al menos, contar con el cheque de comida que entregan los servicios sociales del Ayuntamiento de Jerez. Para ello, debía estar empadronada en la vivienda, pero al estar ocupándola le pusieron muchas trabas. Finalmente, gracias a la mediación del grupo municipal de IU, con quien contactó, pudo empadronarse y tener 150 euros al mes para alimentar a sus hijos. "Después de lo mal que se pasa, pude encontrar ayuda... sin ellos no hubiera conseguido nada", proclama Miriam.
En la interlocución con las Administraciones no ha habido tanta suerte. Ni la Oficina de Intermediación Hipotecaria, adscrita a la empresa pública Emuvijesa (Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez), ni la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, le han encontrado una solución habitacional, en el primer caso, ni le han permitido quedarse en la vivienda abonando un alquier social, en el segundo. Han hecho "oídos sordos", se queja Miriam en un escrito dirigido a estas entidades.
"Muchas veces me dice: ¿nos van a echar?", cuenta la jerezana que le pregunta su hijo mayor, de 15 años, que es más consciente de la situación que sus hermanos. El mediano, que ha entrado este año en el colegio, ha necesitado unos 400 euros entre uniforme y material escolar este inicio de curso. El mayor, como ya tenía el uniforme de otros años, unos 50 en materiales. Un gasto desproporcionado para una madre separada. "Estuve rifando cestas de maquillaje, vendí limones... lo que me salía", relata. Así fue, como una hormiguita, guardando lo poco que sacaba para costear la vuelta al cole.
"Quisiera tener un trabajo, así gano un dinero, y también salgo de casa y me despejo, pero estando sola lo tengo muy complicado", dice Miriam Fernández, que tiene experiencia como dependienta en tiendas de ropa, en panaderías o en empresas de limpieza. Ahora está a la espera de que le aprueben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que le han tramitado desde IU, con el que pretende costear un alquiler. Aunque de momento no tiene respuesta. "Ahora estoy mejor, pero hace unos meses estaba desesperada buscando ayuda", confiesa Miriam. "Tenía una pared aquí delante —dice, poniéndose la mano delante de la cara— que no me dejaba avanzar. Todo se me hacía un mundo".
Lo que quiere evitar Miriam es que la solución que le den sea alojarse en algún recurso municipal, en una habitación con sus tres hijos. A la espera de recibir el IMV, espera, al menos, ganar tiempo para poder recibir la ayuda y así costearse un alquiler. "Es lamentable la situación de indefensión en la que se encuentra, porque no ha recibido respuesta de ningún tipo", se queja Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz de IU en Jerez. "La intención es buscar un aplazamiento del desalojo", agrega. Esa es la esperanza de Miriam, pero el tiempo corre en su contra.
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