En las últimas semanas, la ola de indignación contra el modelo turístico ha ido en aumento. Ciudades como Cádiz o Málaga ya han celebrado manifestaciones en forma de protesta. También en Canarias o Cantabria ha habido concentraciones para dejar claro que el actual modelo no es sostenible y que está expulsando a los vecinos de las ciudades por los efectos en el precio de la vivienda que tienen los alojamientos turísticos.
El Gobierno de España ha decidido reaccionar a la situación y va a cambiar la Ley de Propiedad Horizontal para dar margen a las comunidades de vecinos con respecto a estos alojamientos. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tiene previsto ajustar la normativa para que las comunidades de vecinos tengan capacidad de decisión sobre si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios.
De igual manera, ha avanzado que el Gobierno tramitará de forma urgente un real decreto ley para que los alquileres temporales se incluyan dentro de la plataforma de registro único que el Ejecutivo quiere crear al amparo del reglamento de la Unión Europea 2024/1028, por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, del que también formarán parte los alquileres turísticos.
Actualmente hay un grupo de trabajo para regular los alquileres temporales. "Este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios, del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios", ha asegurado Rodríguez. La ministra señala que es "necesario" establecer todos los mecanismos para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos y salvaguardar el alojamiento de temporada. "Los alquileres de temporada para lo que realmente son", ha sentenciado Rodríguez.
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