La Alianza por una Alimentación Saludable ha acudido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que interceda en el veto del decreto que debe regular la publicidad infantil, lo que supone un atentado contra los derechos fundamentales de la infancia, la salud, la información veraz o la educación, entre otros.
La Alianza considera que regular la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil es un deber del Gobierno, que debe anteponer los derechos de la infancia a los intereses de la industria alimentaria.
Debido al retraso en la aprobación del decreto que regula la publicidad alimentaria dirigida al público infantil, la Alianza por una Alimentación Saludable ha enviado una carta a Gabilondo para reunirse con él, así como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
La aprobación depende del acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Consumo, que mantienen posturas enfrentadas acerca de la regulación de la publicidad, una de las medidas prioritarias del Plan de Reducción de la Obesidad Infantil, aprobado por el Gobierno en 2022
En España, cuatro de cada cinco anuncios alimentarios dirigidos al público infantil son insanos y este público recibe más de 1.000 impactos al mes de dicha publicidad.
Facua-Consumidores en Acción también reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se implique en el desbloqueo de la normativa. La asociación insiste en que la actitud de Planas va en contra de las recomendaciones de la OMS, la Comisión Europea y el propio Gobierno de España, ya que bloquea una medida que aparece como prioritaria en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil.
Y lo hace, en opinión de Facua, plegándose a las exigencias de la gran industria alimentaria, que desde una absoluta irresponsabilidad quiere seguir dirigiendo a los menores la publicidad de los productos responsables de los elevadísimos índices de obesidad infantil que se sufren en España.
El ministro ha manifestado públicamente que prefiere la "autorregulación" del sector en lugar de una regulación legal y, por tanto, de obligado cumplimiento. Pero lo cierto, advierte Facua, es que esa autorregulación ya existe desde hace dos décadas -el Código PAOS- y no ha servido para impedir que los menores sean objeto de multitud de mensajes publicitarios que les invitan a consumir alimentos y bebidas no saludables.
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