La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha recibido una nueva notificación de una condena por delito de atentado a funcionario público de una persona que agredió a una médica del equipo de emergencias sanitarias del 061 de Málaga, cuando estaba desempeñando sus funciones en el transcurso de una asistencia en enero de 2019.
La agresión ocurrió en el portal de una vivienda de la capital, donde el equipo del 061 había acudido para atender a una persona que había caído por las escaleras. Tras la negativa del paciente a ser atendido y cuando el equipo asistencial se marchaba del inmueble, el agresor sorprendió a la médica por detrás asestándole un golpe en la cabeza con un bastón, amenazándola de muerte.
La sentencia califica el hecho como delito de atentado a personal sanitario agravado por uso de objeto peligroso y siendo el condenado reincidente impone una pena de dos años y cuatro meses de prisión por un delito de atentado contra funcionario público y delito leve de lesiones, así como el pago de una indemnización económica.
Son considerados, en este sentido, actos de atentados el acometimiento a los funcionarios públicos, o el empleo de fuerza o la intimidación grave contra ellos, cuando estén realizando las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas.
EPES cuenta con un plan de prevención y actuación ante agresiones que contempla una serie de medidas de seguridad que permiten minimizar y en su caso evitar situaciones de conflicto.
Durante el 2020, se produjeron siete agresiones en la comunidad autónoma a profesionales del 061 en el que se han visto afectados diez profesionales sanitarios (60% hombres y 40% mujeres). De todas ellas, el 50 por ciento fueron agresiones físicas y el mismo porcentaje, verbales. En todos los supuestos se activó el protocolo de EPES, que incluye apoyo psicológico, en caso necesario.
Dentro de las líneas del Plan de Prevención y Atención de Agresiones se incluye el protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario y que incluye la asesoría jurídica al personal agredido por parte de los Servicios Jurídicos, compareciendo la empresa como perjudicada por los gastos de incapacidad temporal en aquellos supuestos en los que los profesionales afectados son dados de baja.
Estas actuaciones se enmarcan dentro de las líneas impulsadas por la Consejería de Salud y Familias, entre las que cobra especial importancia el fortalecimiento de la coordinación y cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con medidas a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud.
La prevención de situaciones de riesgo, la extensión de medidas de seguridad que posibiliten un ambiente de confianza para profesionales y usuarios, la concienciación social y la formación específica en las herramientas de prevención de situaciones conflictivas son algunos de los ejes fundamentales del plan para minimizar y prevenir las agresiones a los profesionales sanitarios, han precisado desde EPES.
Los profesionales que padecen una agresión, ya sea verbal, física o intimidación grave, precisan en muchos casos atención psicológica durante un tiempo. EPES, dentro del plan de agresiones, ofrece atención psicológica a los profesionales que lo necesitan y, en todo momento, acompaña al profesional agredido a recibir asistencia sanitaria.
La formación de los profesionales tanto en el control de situaciones conflictivas como sobre qué hacer cuando se produce una agresión cobra especial relevancia ante estos hechos, teniendo programado periódicamente la empresa cursos de prevención de agresiones y afrontamiento y seguridad en este tipo de situaciones de riesgo para las tres categorías de profesionales sanitarios.
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