"Hay días que uno se plantea si merece la pena lo que hacemos por el sueldo que tenemos"

jusapol

Hasta 600 euros menos, de media, cobran guardias civiles y policias nacionales con respecto a los cuerpos policiales autonómicos. Una plataforma que los aglutina lucha por conseguir esa paridad salarial.

Un mosso d’esquadra cobra más de 2.700 euros al mes. Un policía local de Jerez, más de 2.000. Un policía nacional o un guardia civil, poco más de 1.500 euros. Es el “injusto” trato que afirman recibir los profesionales de estos dos últimos cuerpos, que llevan años luchando por alcanzar el mismo salario que tienen, al menos, los agentes autonómicos de Cataluña (Mossos), Navarra (Policía Foral) y País Vasco (Ertzaintza).

Sin embargo, con motivo del 1 de octubre, cuando agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil fueron destinados a Cataluña para cubrir el referéndum de independencia y lo que el mismo traía consigo, esta reivindicación se ha hecho más patente, sobre todo tras las situaciones de acoso que muchos de estos agentes han denunciado por parte del sector independentista radical.

“No encontramos la explicación. Llevamos 30 años de desigualdad salarial, esto es indignante”, señala Rafael Sánchez Fernández, agente jerezano de la Guardia Civil destinado en el servicio marítimo de Algeciras y delegado territorial de Independientes de la Guardia Civil (IGC), una asociación —los guardias civiles no tienen derecho a sindicato— que vela por los intereses de los agentes de la benemérita.

Rafael, que antes de guardia civil estuvo ocho años en las Fuerzas Armadas, sabía cuando entró en el cuerpo el sueldo que iba a tener. Aun así, reconoce que a día de hoy “si me dicen de pasarme a la Policía Local sin ningún examen y con más sueldo, no me cambio”, tal es lo que siente por formar parte de la benemérita, que la define como “un cuerpo histórico, con grandeza, fiel al Estado y a la bandera y además a nivel político no nos influye nada”. Pero eso no les impide querer “luchar por cobrar lo mismo que otros cuerpos policiales, no más, sino lo mismo”.Para conseguir ese objetivo, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han unido, por primera vez, en una asociación que aglutina a los dos cuerpos, Jusapol. Su único y principal objetivo es la equiparación salarial, explica Rafael, que a las diferencias de hasta 600 euros brutos mensuales en la nómina, señala otras desventajas, como el poder adquisitivo que pierden cuando se jubilan, mientras que las policías autonómicos lo hacen con el cien por cien de su salario; o que las horas extraordinarias no estén remuneradas “correctamente”, hasta el punto de que los cuerpos estatales cobran entre un 200 y un 300 por ciento menos que los autonómicos. En cuanto a pagas extraordinarias, Policía Nacional y Guardia Civil tienen dos al año, en las que perciben el 80 por ciento de su sueldo, mientras que Mossos, Ertzaintza o Policía Foral cobran el cien por cien.

“Hay días, cuando llegamos a casa y pensamos en la jornada que hemos tenido, que nos planteamos si verdaderamente merece la pena lo que hacemos por el sueldo que tenemos”, señala Rafael, que recuerda una noche en la que él, junto a otros compañeros tuvo que lidiar con doce lanchas de narcotraficantes por las aguas del Estrecho. Y es que, como bien recuerdan desde Jusapol, las actuaciones policiales de ambos cuerpos suponen más del 90 por ciento de la actividad policial en España.

Por eso mismo, sus reivindicaciones se están haciendo cada vez más frecuentes. El 28 de septiembre los agentes de ambos cuerpos se concentraron ante todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España. El pasado día 6 de octubre, en Madrid, desde la delegación del Gobierno hasta la sede del PP en la calle Génova. Y este próximo viernes 27 volverán a manifestarse en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en España, incluida la de Cádiz.

De momento, Jusapol ha logrado una primera victoria, como es conseguir que se haya admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para conseguir la igualdad salarial. Ahora el objetivo es conseguir 500.000 firmas para que pueda debatirse en la cámara baja.