El sector hotelero y de alojamientos turísticos Andaluces muestra su apoyo y colaboración a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), en relación al inicio de acciones legales contra el Gobierno de España por la entrada en vigor el 2 de diciembre del Registro de Viajeros.
En un comunicado se explica que dichas medidas judiciales se adoptan "ante la falta de respuestas por parte del Gobierno y el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y los propios viajeros”.
Denuncia que el Ejecutivo “ha ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración, tanto de CEHAT como de asociaciones turísticas internacionales”. Advierte sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento sobre las que el Gobierno “no ha ofrecido soluciones ni ha emitido la prometida Orden Ministerial para aclarar su implementación”.
Una normativa con impacto directo sobre viajeros y empresarios
Para el conjunto del sector, el nuevo reglamento no solo afecta negativamente a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que hacen uso de hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país: “Deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento”.
Además, los hoteleros mantienen que se ven obligados a cumplir con una normativa “confusa y desproporcionada y que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago”. Añade que el incumplimiento de esta normativa europea puede acarrear importantes multas a las empresas muy superiores a las propias sanciones por no cumplir el Real Decreto del Ministerio del Interior.
“El silencio del Gobierno deja al sector sin alternativas”
Desde una reunión mantenida con el Ministerio del Interior el pasado 4 de octubre, desde la organización que representa al conjunto del sector hotelero a escala nacional se asegura no haber recibido ninguna comunicación oficial ni avances concretos en las prometidas aclaraciones.
“Resulta increíble y lamentable que tras meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, el sector no haya recibido ninguna respuesta. De esta forma resulta inevitable que el sector se vea obligado a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros”, se subraya en la nota informativa.
El objetivo es impugnar la normativa por su “impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas”, medidas que son “necesarias para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio equilibrado y justo para los establecimientos turísticos.
A juicio de los hoteleros, “España no puede permitirse que una normativa tan lesiva entre en vigor sin que se hayan resuelto sus múltiples defectos, por lo que no dejaremos de luchar para garantizar que nuestro sector y nuestros viajeros reciban el respeto y la protección que merecen”.