Gabriel, 50 años, vecino de Torre Alháquime, un pueblo con menos de 1.000 habitantes. Es una persona con gran dependencia: come a través de una sonda nasogástrica y respira gracias a una traqueotomía. Recientemente, la Consejería de Inclusión Social, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía le ha remitido una carta, amparándose en la ley estatal de Seguridad Social, donde revocan su pensión no contributiva de 776 euros; le reclaman 2.023 euros de cobros indebidos entre enero y abril de 2024, ya devueltos, y le obligan a un copago sanitario del 40% de toda su medicación. ¿La razón? Que sus padres, por previsión, contrataron un seguro de vida para él que han rescatado recientemente.
¿Se debe penalizar la responsabilidad de unos padres trabajadores que han hecho el esfuerzo de ahorrar para que su hijo, gran dependiente, sin posibilidad de acceder al mercado laboral, tenga una vida lo más digna posible?
A partir de esa pregunta surge la lucha del hermano de Gabriel, Pedro Barroso, también alcalde de la localidad. Él considera un "atentado legal" la falta de sensibilidad que existe contra un colectivo de gran vulnerabilidad como es al que pertenece Gabriel. Además, es extensible la vulnerabilidad "hacia dos padres responsables, previsores y ahorradores que lo único que han pretendido siempre es dar la mejor calidad de vida a su hijo", gran dependiente de nacimiento.
Barroso solicita el amparo, al menos, de los titulares en el Senado y en el Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz para que trabajen por cambiar estas anomalías de la ley que afectan a personas como Gabriel, que "no es más que un ejemplo de todo un colectivo social que se ve indefenso ante leyes que no contemplan situaciones particulares, sino que ven a las personas como un número de expediente".
Así pues, desde el Poder Legislativo al que pertenecen, así como ante las comisiones de las diferentes cámaras de representación, Ministerios y Consejerías "se debe articular una voluntad real, efectiva e inmediata de poner fin a la atrocidad que se comete contra los derechos humanos de estas personas altamente vulnerables".
Barroso, entiende que "se legisla para la generalidad, pero las leyes que se aprueban con un fin de amparo han de tener las herramientas para que la interpretación de cada caso particular sea tomada en cuenta y que, en ningún caso, se den situaciones como la de Gabriel"
"Lo que no es admisible es que personas que cumplen escrupulosamente con la ley; que hacen caso a sus obligaciones como ciudadanos; que son previsoras; implementan el escudo social de una persona gran dependiente, y lo hacen con recursos propios sean atropelladas de forma legal y se pisoteen todos sus derechos sociales y asistenciales", denuncia el regidor.
En definitiva, Pedro Barroso ha iniciado una movilización personal a la que espera "se sumen más personas y familias afectadas". Al mismo tiempo, ha procedido a trasladar la situación a los legisladores que "deben demostrar, ahora, su compromiso real con la ciudadanía, los derechos sociales y el de las personas más dependientes del sistema y el Estado de Derecho", ha concluido.
El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso, a través de la diputada nacional por Cádiz, Blanca Armario, ha presentado una batería de preguntas en las que manifiesta su preocupación por la situación en la que se encuentra Gabriel Barroso al tiempo que solicita al Gobierno las medidas necesarias para proteger los derechos de esta persona con discapacidad así como de su familia.