Es una de esas historias que eran calificadas por un airado José Luis García Palacios como “una ficción”. “Lejanísima de la realidad”, puntualizaba. El presidente de la patronal Asaja bramaba el día de su reelección contra la decisión del Gobierno de España de intensificar las inspecciones en las explotaciones de frutos rojos de Huelva. Una medida tomada tras haberse escuchado a la Brigada de Observación Feminista en el Palacio de la Moncloa los hechos y conclusiones contenidas en su polémico informe La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva. El patrón de patrones onubense ponía el grito en el cielo porque la ministra Yolanda Díaz, había recibido al colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha y la cooperativa La Laboratoria en la sede la presidencia del Gobierno de España, que, además, difundió el encuentro y su contenido en su web oficial. La reunión había supuesto para García Palacios «un exceso de todo tipo por parte de la ministra». El titular de cinco importantes presidencias, a preguntas de los periodistas minutos antes de ser reelegido en la de Asaja, lamentó “que se cuestionen las prácticas en el campo onubense y denuncien un estado de semiesclavitud”.
No habían pasado 24 horas cuando la Policía Nacional cuando daba a conocer este jueves que el pasado 25 mayo detuvo a dos empresarios del sector agrícola de los frutos rojos, por emplear supuesta y reiteradamente a personas extranjeras en situación irregular, y formalizarles contratos a cambio de elevadas contraprestaciones económicas. Las víctimas, de nacionalidad marroquí en su gran mayoría, trabajaban para los empresarios y una vez alcanzaban el tiempo necesario para regularizar sus situaciones administrativas, presentaban las solicitudes con contratos por los que abonaban a los empresarios 5.000 euros.
Veintiséis días antes de ser detenido junto a su hermano Anastasio, 29 de abril, jueves que cumplió 54 años, Juan José Gómez Domínguez, pidió a sus amistades a través de su perfil en Facebook (que hoy mismo ha eliminado) que hicieran donaciones a una organización “sin ánimo de lucro” dedicada a los niños con cáncer. “Su misión significa mucho para mí, y espero que valoréis la posibilidad de contribuir con la causa como una forma de celebrar este día conmigo”, escribió en la red social. Mientras redactaba tan noble petición, una persona migrante sin papeles y afectada por una “enfermedad terminal en estado avanzado”, trabajaba a destajo en su explotación de frutos rojos bajo la falsa promesa de recibir ayuda para su regularización “al finalizar la campaña”. Sin embargo, cuando llegó el momento en que dejó de serles útil, productivo, Juan José y Anastasio la expulsaron del alojamiento que le habían facilitado, “dejándola en una situación de total desamparo”.
Juan José y Anastasio son administradores solidarios de la empresa Agromalvi SL, sociedad con sede en Palos de la Frontera, asociada a la popular cooperativa Fresón de Palos y a la patronal Asaja. Ambos hermanos comparten también la propiedad de una segunda mercantil en la localidad onubense de Palos de la Frontera (Huelva). Las investigaciones concluyen que entre los dos habían organizado una trama que les permitía obtener ingresos y mano de obra a muy bajo coste en una misma operación sustentada en la necesidad y vulnerabilidad de sus víctimas. Obtenían, además del ahorro en costes laborales y cargas fiscales, ingresos extraordinarios no declarados de hasta 100.00 euros anuales. Agromalvi SL vendió productos por valor de 2.076.003 euros en 2019, y declaró un “resultado de explotación” de 218.760 €.
La propia operativa diseñada por los hermanos permitía mantener su opaco negocio de explotación alejados de miradas no deseadas. Acogían en sus fincas a personas extranjeras en situación irregular durante varios años, y con falsas promesas de ser parte activa de una futura regularización, las convertían en mano de obra dócil y barata. Aprovechándose de su estado de necesidad y su situación irregular, y de la falta de sustento económico u potras formas de conseguirlo.
Según se desprende de la información facilitada por la Policía Nacional, las víctimas llegaban a permanecer trabajando en esta situación de semiesclavitud hasta cumplir el plazo de al menos tres años de estancia ilegal en territorio nacional que requiere la extravagante Ley de Extranjería española para poder solicitar la regularización. La Ley establece tal posibilidad si la persona migrante solicitante, además de acreditar haber sobrevivido de forma irregular esos tres años (o más, a veces demostrar el “arraigo” requiere mucho más tiempo), demuestra, mediante un pre-contrato laboral, que contará con recursos propios para seguir sobreviviendo su permanencia, ya de forma legal, en España.
Los hermanos Gómez Domínguez prometían ese futuro a sus peones. Sin embargo, destaca la Policía Nacional, cuando las víctimas cumplían sus plazos y habían reunidos las inexcusables “pruebas de arraigo”, Juan José y Anastasio les exigían 5.000 euros a cambio de expender el precontrato. Quienes, presas de necesidad, aceptaban el miserable trato, acababan trabajando a cambio de salarios igual de miserables para así saldar la deuda contraída con sus benefactores. A quienes se mostraban reticentes, los hermanos amenazaban con denunciar su estancia irregular en España y ser expulsados a sus países de origen.
La denuncia de una víctima, esencial para las detenciones
Según las víctimas interrogadas por la Policía Nacional tras la operación que culminó con la detención de Juan José y Anastasio Gómez Domínguez, la comunidad marroquí de la zona con necesidad de hogar, empleo y regularización, tenía constancia de la praxis que empleaban los dos empresarios, a lo que acudían según necesidades. Así, los hermanos han contado con “clientela” suficiente para la “venta” de hasta una veintena de contratos cada año. Cien mil euros de caja extraordinaria extraída del sudor una mano de obra barata obligada a cumplir con las condiciones impuestas por los “empresarios”.
Las investigaciones, según ha dado a conocer este jueves la oficina de prensa de la Policía Nacional en un comunicado, han demostrado que los detenidos operaban con “absoluto desprecio hacia los empleados”, como demuestra que una de las victimas padeciera una enfermedad terminal en estado avanzado, y aun así la mantuvieron trabajando en las mismas condiciones que los demás.
La Policía Nacional ha destacado la dificultad que ha supuesto para los agentes llevar a buen término la investigación, pues a pesar de que los hermanos llevaban año explotando a personas migrantes en situación de vulnerabilidad, nadie se había atrevido a prestar la colaboración precisa para desatar una operación policial y depurar las responsabilidades penales de los detenidos.
Hasta que este mismo año, una de las víctimas, explotada por los hermanos Gómez Domínguez durante más de medio año con el único objetivo de cubrir el “precio” por conseguir su pre-contrato, fue despedida sin que este llegara a formalizarse, quedándose los detenidos con los 5.000 euros que pagó por un contrato que nunca obtuvo. Cuando Juan José y Anastasio le amenazaron con informar a la Guardia Civil de su estancia irregular en España, la víctima entendió que el camino correcto era ser él quien denunciara.
Tres semanas y cinco días después de haber iniciado la cuestación para los niños con cáncer, Juan José Gómez Domínguez fue detenido junto a su hermano Anastasio. Responderán ante un Tribunal por los delitos Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, Estafa y Coacciones. La colecta obtuvo cero euros.
NOTA DE LA REDACCIÓN: La Mar de Onuba ha solicitado una valoración de la patronal Asaja tras las declaraciones realizadas ayer por su presidente, José Luis García Palacios, y la detención conocida este jueves de los propietarios de Agromalvi SL, una de sus empresas asociadas. La organización empresarial ha declinado pronunciarse "en tanto no lo haga la Justicia".
Esta información se publicó originalmente en La Mar de Onuba, que puedes consultar aquí.