"Ahora, que cumplo la ley, es cuando me vienen los problemas", expresa con rabia Carlos Pomar (Jerez, 1951), actual pensionista y quien fue el dueño de la finca Las Albarradas hasta 2016. Él, junto a otros cinco hombres, se vieron envueltos en una pelea contra un grupo de unos diez activistas de Ecologistas en Acción, el pasado 17 de febrero. El suceso tuvo lugar al mediodía, a las puertas de la cancela que da acceso a la finca y al carril público San Fernando, que a día de hoy se encuentra sellado y totalmente abandonado en la Sierra de Grazalema.
Carlos Pomar, Antonio, el actual propietario de Las Albarradas, y varios empleados de la explotación extensiva de ganado, a un lado. Al otro, el responsable de Urbanismo de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, liderando una marcha reivindicativa que movilizó a cerca de 400 personas. Todos, procedentes desde el Puerto del Boyar, llegaron a la cancela con intención de transitar un camino de dominio público que está cerrado con candado desde 2014.
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Según declara el antiguo propietario de la finca a lavozdelsur.es, los ecologistas cortaron los alambres que sujetaban una cadena y la tiraron al suelo, ejercieron fuerza sobre la cancela y la tumbaron. "Por favor Clavero, no me hagas esto", suplicó Pomar. Pero "entraron en avalancha y nos arrollaron. No hubo una agresión —como manifestó la asociación a través de un comunicado—, hubo una respuesta a un arrollamiento", relata. No obstante, la versión del activista es totalmente distinta. "No se cortó nada, la cancela se cayó sola", sostiene Juan Clavero. Según él, la cancela estaba tan deteriorada que, "empujamos un poco" y accedieron desde arriba. "Pero no rompimos nada", insiste.
"Por aquí no pasa nadie, que esta es mi finca, cabrones", vociferaba Antonio, el actual dueño de Las Albarradas, según los activistas. Pero al acceder, dice que fue el propio Antonio el que empezó a propinarle puñetazos. "A mí me golpearon dos veces. Y Antonio se acercó a un chaval y le pegó en el cuello", denuncia Clavero. "Fuimos agredidos por dos personas, tanto por el dueño de la finca como por uno de sus empleados", continúa. "Nuestras armas eran una bota de vino y chorizos, para desayunar, porque jamás pensamos que fuese a haber violencia", bromea Pomar, quien informa a este medio que Antonio no presentará una denuncia si los ecologistas tampoco. No obstante, Clavero anuncia que están "preparando la denuncia" ante la Guardia Civil por cortar un camino público y luego por un delito de agresión a varios senderistas.
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Tras el conflicto, verbal y físico, los 400 manifestantes se marcharon al aparcamiento del Puerto del Boyar porque, según Ecologistas en Acción, no quisieron verse envueltos en un incidente más grave. "Cobardes nos llamaron", mientras iban dando marcha atrás. No obstante, antes de que se originara la pelea, hubo un careo entre Pomar y Clavero, intentando argumentar quién llevaba la razón. Y es que en el encuentro no estuvieron presentes todos los actores responsables de que un camino de dominio público no esté abierto a la ciudadanía.
El origen el conflicto
Todo se remonta al año 1995. La familia de Pomar ha sido la propietaria de la finca Las Albarradas desde hace más de cien años. El pensionista jerezano cuenta a este medio que en 1985 ya empezaron a pelear para que el Ayuntamiento de Grazalema les autorizara a crear un carril artificial en una zona más alta al sendero de San Fernando "para facilitar el acceso de las bestias a la finca". Pero no le dieron permiso hasta diez años más tarde. Pomar muestra un documento oficial del Ayuntamiento de Grazalema, con fecha de 1995, que autoriza la "realización de un camino rural de acceso a la finca", según recoge el escrito. Además, la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, le puso dos requisitos a cumplir: que fuese de uso exclusivo a agentes forestales y para los dueños de la finca y que la cancela estuviese cerrada con candado. Provocando así, el cierre de un tramo que sí es público y que conecta con el camino original del sendero de San Fernando, oculto ahora por la vegetación.
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Sin embargo, Pomar destaca que no quiso privar a los senderistas de la belleza del paisaje que se contempla desde su finca. Es por ello que jamás selló la cancela y dejó que la ciudadanía transitara libremente por el nuevo carril —llano y de fácil acceso—que tanto pelearon. Por aquel entonces nadie protestó. El problema llegó más tarde, cuando en 2014 Pomar descubre que el Ayuntamiento de Grazalema había comenzado en 2010 un procedimiento para declarar dicho camino como "Bien de Dominio Público adscrito al Uso Público".
¿Por qué no supo Carlos Pomar de la existencia de dicho trámite hasta cuatro años más tarde? "Las notificaciones, en vez de hacérnosla a nosotros, se las hacían a mi madre, que había fallecido hace 20 años", contesta. Fue entonces cuando Pomar se sintió engañado y decidió cerrar con candado un sendero que viene señalizado como Salto del Cabrero desde hace años. "Es muy fuerte el tema", expresa compungido.
Clavero afirma que estaba al tanto de las "irregularidades" que había llevado a cabo el Ayuntamiento de Grazalema en este asunto, pero rechaza que esto justifique "ponerle candados al campo". "El Ayuntamiento es un desastre", confiesa el ecologista, quien comparte que desde que anularon la inscripción del camino en 2010 por "mala praxis", no ha hecho nada para reabrir el camino. No obstante, el actual alcalde de Grazalema, Carlos Javier García Ramírez (PSOE), dice que lleva intentando llegar a un acuerdo con ambas partes desde que alcanzó el poder en 2015. "En aras de la tranquilidad y para evitar episodios violentos", expone, como el vivido el pasado domingo. Además, García Ramírez resalta que Pomar vende la finca al poco de cerrar su acceso, en 2016. "Con esos hechos que cada uno saque sus conclusiones", declara a lavozdelsur.es.
https://www.youtube.com/watch?v=-O9GVvu9BtI"El Ayuntamiento toma la batuta ante este asunto para poder darle una solución. Pero las condiciones que pone el actual propietario no son negociables. De entrada, pide que haya guardas forestales en la zona —como en su día 'prometió' la Junta— y el Consistorio no tiene esa competencia, es Medio Ambiente quien debe hacerlo", aclara el actual alcalde. No obstante, el camino de San Fernando (el que sí es de dominio público) es propiedad del Ayuntamiento y no del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, perteneciente a la delegación. Y como todavía no tienen inventario sobre los senderos, todavía no pueden actuar en él.
En este sentido, tanto Pomar como Clavero denuncian que las vías pecuarias en la zona no están ni lindadas. "Y nadie pelea por ellas, la gente pelea por un camino privado que hicimos nosotros", critica el antiguo propietario de Las Albarradas. A lo que el responsable de Urbanismo de Ecologistas en Acción asegura que "es el camino desde Grazalema a Benaocaz de toda la vida" y que "ese sendero nunca ha estado cerrado". Si bien el alcalde dice estar mediando para que las familias puedan volver a disfrutar del sendero del Salto del Cabrero, hasta la fecha solo ha habido peleas, denuncias e insultos.
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