El Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y la Junta de Andalucía han firmado un protocolo de actuación, pionero en el país, para agilizar el funcionamiento del servicio público de Justicia. En virtud de este acuerdo, tanto el Consejo general como el CADECA pondrán a disposición de los operadores jurídicos de Andalucía sus programas de formación y soluciones tecnológicas únicas, como el Registro de Incidencias e Impagados Judiciales (RIJ), para reducir drásticamente los tiempos en algunos procesos como las reclamaciones de cantidad, logrando así acelerar el cobro de las ejecuciones judiciales de impagados.
La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha agradecido tanto al consejero de Justicia, como a la Junta de Andalucía “su apuesta por la digitalización y confianza en las acciones desarrolladas por el Consejo General para adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad”.
Entre estas innovadoras herramientas digitales, ha hecho hincapié “en los beneficios que ofrece el RIJ para contribuir a dar solución a los alarmantes datos del atasco judicial”. “Su novedosa y revolucionaria operativa está logrando resultados sorprendentes en la resolución amistosa temprana de reclamaciones de impago y de ejecuciones judiciales que se eternizaban en el tiempo y que ahora se solucionan en cuestión de días”, ha subrayado.
Por su parte, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha agradecido esta colaboración para poner a disposición de jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y profesionales de la Abogacía y la Procura esta herramienta. Nieto ha incidido en “la necesidad de aunar esfuerzospara reducir los plazos en los procedimientos judiciales en Andalucía, que tiene la segunda tasa de litigiosidad más alta de España”.
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández, ha agradecido, igualmente, a la Junta de Andalucía “ser pionera en un protocolo de actuación con el que todos salimos beneficiados, ya que supone un claro beneficio para los operadores jurídicos de nuestra comunidad autónoma y para la ciudadanía”.
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