El nuevo decreto de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía pretende que la espera para recibir la ayuda para la dependencia pase de los 555 días actuales a un máximo de 180. Es decir, hacer que las familias esperen un año menos de lo que lo hacen actualmente en un sistema completamente colapsado y en el que son muchos los que quedan fuera.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado que el nuevo decreto ley de simplificación administrativa de la Junta "acorta plazos" en el proceso de dependencia, lo que lleva a "mejorar y alargar la vida de las personas", poniendo de manifiesto la "apuesta" del Ejecutivo andaluz por "una administración con alma, donde la persona decida sobre su bienestar y ponga su voluntad en el centro".
Con el decreto las personas que necesiten esta ayuda serán evaluadas en una sola visita. Actualmente, cuando se solicita acude un primer examinador para valorar las condiciones de la persona en cuestión y posteriormente una segunda visita para informar sobre el grado de dependencia determinado por la administración y las prestaciones a las que acceder.
La titular de Inclusión Social ha recalcado que con una única visita y un único procedimiento y resolución "se acortan los plazos y se preserva la intimidad de la persona, evitando molestias a ella y a su entorno". Además, el personal de la dependencia explicará las prestaciones y servicios del catálogo de la Junta, recogiendo su preferencia, "para que la Administración no decida por las personas".
Dudas en los sindicatos
Sin embargo, el plan de la Junta ya ha despertado las primeras reticencias. CCOO se ha pronunciado negativamente al respecto de la nueva normativa señalando que introduce "numerosas regulaciones generales y ordinarias" que debería haber hecho la Consejería de Inclusión a través de decretos u órdenes, ya que "la mayor parte de las modificaciones que incluye no están relacionadas con la simplificación administrativa, sino que son medidas para regular los servicios y prestaciones sociales". "De hecho, algunas de ellas llevan más de tres años en elaboración, e incluso a algunas se le han hecho alegaciones hace varios años", ha recordado.
En materia de dependencia, CCOO ha señalado que el decreto-ley lo que elimina "es una resolución administrativa de los dos anteriores que había para la declaración de la situación de dependencia y la obtención del plan de actuaciones (PIA)". "Una modificación que no disminuye los trámites para acceder a la prestación. Además, se ha hecho sin negociar con los trabajadores del sector que van a verse afectados", ha señalado Berges.
Por ello, CCOO ha apostillado que este decreto-ley no va a mejorar "en absoluto" las listas de espera ni la calidad en la atención. "Lo que va a hacer es ocultar una parte de las listas de espera, de manera que va a tener un efecto estadístico, pero no una afectación real.
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