La Junta de Andalucía ha aprobado el protocolo general de actuación suscrito por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y los ayuntamientos de Lepe y Moguer de la provincia de Huelva, con el objetivo de impulsar la erradicación de los asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras en estos municipios.
Este convenio, suscrito con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, se une al resto de medidas desplegadas por la Junta de Andalucía en este ámbito específico de la inversión en materia de atención a las personas migrantes en Andalucía durante el periodo 2019-2022.
De ellos, 5,8 millones de euros han resultado con cargo a recursos autofinanciados y finalistas destinados a entidades privadas que desarrollan programas para personas inmigrantes. Asimismo, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, se ha destinado 8,4 millones de euros a programas de atención a personas migrantes y, adicionalmente, 3,2 millones específicamente para la atención a los asentamientos de personas temporeras.
Mediante estos recursos, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación viene apoyando el trabajo de entidades como Cruz Roja, Accem, CEPAIM, Andalucía Acoge, Fecons, Asnuci, Codenaf, Inserta Andalucía, Cáritas y Mujeres en Zonas de Conflicto que atienden a personas migrantes sobre el terreno en la costa occidental de Huelva.
Por otra parte, en el periodo 2019-2022, se ha destinado 2,5 millones de euros para actuaciones en esta materia desarrolladas por las entidades locales de Andalucía.
Mediante el convenio firmado, las partes firmantes acuerdan colaborar en el fomento de la construcción y adecuación de espacios que sustituyan los asentamientos irregulares con el fin de promover, en una primera fase, nuevos albergues y soluciones destinadas a las personas temporeras. Así como para aquellas que decidan alargar la campaña como primera respuesta residencial.
Por otra parte, se contempla la promoción de actuaciones que faciliten la integración residencial y sociolaboral de las personas residentes en asentamientos irregulares, focalizando los esfuerzos en programas de acceso a la vivienda en el núcleo urbano que permitan una transición hacia modelos residenciales sostenibles e integradores en el tiempo.
El protocolo general de actuación es una declaración de intenciones que viene a expresar la voluntad de las partes firmantes para actuar con este objetivo común. Sin embargo, no implica régimen de exclusividad, por lo que terceras entidades públicas o privadas podrán adherirse y proponer actuaciones, especialmente empresas empleadoras de personas trabajadoras temporeras residentes en asentamientos irregulares.
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