Desde este jueves, día 1 de septiembre, está en vigor todo lo referente en materia de transporte que incluía el decreto de ahorro energético. Lo más relevante o mediático ha sido el abono gratuito de Renfe para viajar en Cercanías o en Media Distancia, una medida que está siendo un éxito pero que no es la única aprobada por el Gobierno de España.
A primera hora de la mañana del jueves, la consejería de Fomento, responsable de transporte en la comunidad, publicaba un tuit en el que señalaba que "Desde hoy, usando las tarjetas de los consorcios metropolitanos y los bonos de los metros andaluces, tendrás una bonificación adicional del 30% en el precio de tus viajes".
Este mensaje ha sido interpretado por algunos usuarios de la red, muchos de ellos vinculados al Partido Socialista, como un intento de apuntar el 'tanto' que pertenece al Gobierno de España. El propio decreto en el que se anuncia este descuento adicional del 30%, al que se opuso el Partido Popular, así lo manifiesta, "se articula mediante una transferencia desde la Administración General del Estado a las comunidades autónomas y ayuntamientos que presten con habitualidad el servicio regular de transporte público urbano o interurbano y se comprometan a reducir en el porcentaje indicado el precio de los abonos". Esto quiere decir que los fondos usados para esto no serán de las comunidades, sino del Estado.
El propio PSOE respondió este mensaje calificándolo como "falso". "Las bonificaciones que desde hoy se aplican al transporte público son del Gobierno de España. Mientras otras CCAA están ampliando estas bonificaciones con medidas propias, la Junta de Andalucía no ha hecho nada. Seguimos esperando alguna medida". Ante estos mensajes, la consejería de Fomento se vio obligada a matizar su mensaje respondiendo a algunos tuits, "Sólo ofrecemos información de servicio. Todos los detalles de la bonificación están en el enlace del tweet".
Precisamente, dentro de la información, la Junta arremetía duramente contra el Gobierno señalando una "preocupación" por "firmar un compromiso de aplicar un descuento mínimo del 30% cuando el Ministerio no garantiza si las ayudas que va a distribuir entre las comunidades son suficientes para cubrir los gastos derivados". La Junta teme que el reparto sea insuficiente.