La Junta quiere que el 100% de los trámites de los ciudadanos en 2030 sean digitales

El Gobierno andaluz presenta un anteproyecto de ley que pretende ir a la vanguardia, que luchará contra la brecha digital. Los padres podrán instalar una 'app' de filtro en los móviles de sus hijos

Una oficina de la Junta, en una imagen de archivo.

La Junta está ya tramitando el anteproyecto de Ley Andalucía Digital (LADI), una norma con el objetivo es impulsar la digitalización y reducir los riesgos de lo digital, incluyendo por primera vez, como ha indicado el consejero Antonio Sanz, el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Busca además luchar contra la brecha digital y ayudar a las personas con menos recursos de manera que la revolución digital llegue a todos los andaluces y a todos los sectores. En sus principios generales se incluyen, entre otros, la capacitación, la orientación al dato, la personalización, la proactividad, la libertad digital, impulsando el derecho al acceso universal a la tecnología y a la información.

Según Sanz, esta ley situará a Andalucía a la vanguardia digital: "A diferencia de lo que ha venido sucediendo en el pasado con los antiguos Gobiernos en esta comunidad perdiendo oportunidades, una tras otra, ahora Andalucía no es que se haya montado en el tren digital, sino que lo está liderando, es una locomotora potente, gracias a la apuesta económica y de recursos del Gobierno de Juanma Moreno", ha recalcado el consejero. Uno de sus puntos clave es la creación de una Red de Asistencia para la Realización de Trámites Digitales, que permitirá a la ciudadanía acceder a servicios electrónicos de manera sencilla y eficiente. Algo pensando para el no nativo digital, para las personas mayores o quienes no estén familiarizados con el entorno digital. El objetivo es que los trámites sean 100% digitales en la administración autonómica en 2030 y alcanzar el 'papel cero'.

Antonio Sanz y Carolina España, tras el Consejo de Gobierno de este martes.

La LADI también prevé un nuevo derecho a la asistencia remota para aquellos ciudadanos no obligados a relacionarse electrónicamente con la administración. Este servicio incluirá la posibilidad de realizar trámites a través de videollamadas y una línea de asistencia gratuita a través de mensajería instantánea y el teléfono 012. Otro de los aspectos destacados de la ley será la regulación de las relaciones digitales entre el sector público y la ciudadanía. Se implementarán mecanismos para que los ciudadanos no tengan que proporcionar la misma información en varias ocasiones, lo que se logrará a través de la reutilización de datos. Además, se potenciará la aplicación Carpeta Ciudadana para que la administración pueda anticiparse a las necesidades de los usuarios.

Asímismo, la Junta creará una app para que los padres instalen los móviles de sus hijos una herramienta que impida a acceder a contenidos "para mayores", o que sean una amenaza para su seguridad. Este escudo, que se desplegará de forma progresiva, busca contribuir al desarrollo sano y equilibrado de las nuevas generaciones, así como facilitar a los padres y madres herramientas, concienciación o consejos para la protección de los menores. Además de la app que se instalará en el dispositivo del menor, se habilitará una plataforma que recopilará un conjunto de buenas prácticas para los menores y un espacio de ciberescuela de padres.

Respecto a las infraestructuras digitales, conectividad e impulso de las tecnologías en nube la LADI recogerá la implantación de centros de proceso de datos e infraestructuras y puntos de interconexión, así como para la computación en nube. Prevé crear la Nube Corporativa de la Junta de Andalucía, que dará servicio al sector público y a la cual podrán adherirse entidades locales y universidades.

Además, la Ley regulará la gestión de la infraestructura digital existente en Andalucía formulando un Plan de Infraestructuras Digitales, haciendo hincapié en el aprovechamiento del uso compartido, así como de la ejecución de obras civiles que puedan ser susceptibles de soportar estas infraestructuras, de modo que deberán prever infraestructuras físicas para redes de comunicaciones y reservas de espacio.

De igual modo, se creará un inventario de infraestructuras públicas para la conectividad de Andalucía, incluyendo las entidades locales, al que se dará acceso a través de un punto de información, y se creará una sede electrónica en materia de infraestructuras digitales y para la conectividad, compartida con las demás administraciones. Por último, para impulsar la economía digital, la futura ley ayudará a paliar las carencias en la normativa actual y los obstáculos administrativos que ralentizan proyectos de startups y emprendedores digitales.