Al igual que ocurriera hace unos meses con el Impuestos a las Grandes Fortunas aprobado por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía también ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Vivienda que Pedro Sánchez y su Ejecutivo sacó adelante poco antes de la convocatoria electoral. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
De esta forma se produce un nuevo enfrentamiento entre los gobiernos de ambas administraciones, una circunstancia que se ha venido repitiendo durante los últimos años. En esta ocasión, además, la disputa llega en plena contienda electoral y a tan sólo unos días de que dé comienzo una nueva campaña. La Ley, no obstante, no contaba con el beneplácito del PP, ni de las comunidades en las que gobierna. Dirigentes como Isabel Díaz Ayuso ya habían manifestado la intención de no aplicar la norma al considerarla intervencionista.
Sin embargo, la Junta de Andalucía presentará un recurso de inconstitucionalidad al considerar que el texto aprobado en el Congreso de los Diputados invade competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas. De los 36 artículos que componen la norma, la Junta de Andalucía va a recurrir exactamente la mitad. Serán 18 los artículos que lleve ante el Tribunal Constitucional, junto a una Disposición Transitoria.
La consejera de Fomento se ha escudado en el informe de los juristas de la administración andaluza, afirmando que "el Estado no puede legislar, ni siquiera de forma supletoria, en materia de vivienda" al depender estrictamente de los gobiernos autonómicos. De hecho, la Junta considera que existe "una invasión frontal y directa de competencias exclusivas de la comunidad en materia de vivienda".
Uno de los epígrafes que recurrirá la Junta será el que señala que todo ciudadano, en relación a la vivienda, debe "atender a su especial importancia como instrumento de acción en favor del derecho a la vivienda y velar por su adecuado mantenimiento y conservación, para que pueda servir a los hogares con mayores dificultades". Los puntos que hablan de la vivienda protegida (art. 16) o de la vivienda asequible incentivada (art, 17), también serán llevados ante el TC. A estos hay que sumarles los 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35 y 36, así como la Disposición Transitoria Primera.
Según el Gobierno andaluz, la Administración del Estado ha emprendido "una regulación tan completa y acabada que no deja espacio alguno de regulación al legislador autonómico". El rechazo del Gobierno andaluz, apoyado en las tesis de su Gabinete Jurídico, se encamina también contra la regulación "casi reglamentaria" de la declaración de zonas tensionadas (artículo 18) o de los grandes tenedores (artículo 19) de viviendas.
La decisión de la Junta de Andalucía no ha sido bien recibida en la oposición. El líder de IU en Andalucía y candidato de Sumar en Málaga ha criticado los argumentos del Gobierno de Juanma Moreno que hablan de la invasión de competencias. "Cuando IU gobernaba en Andalucía el PP le recurrió desde el gobierno central la ley de vivienda. Ahora el PP gobierna en Andalucía y recurre la ley de vivienda del Gobierno central. La coherencia del PP es absoluta: están para defender a los especuladores", ha señalado.
En plena polémica por el Bono Alquiler Joven
La vivienda se está convirtiendo en uno de los temas que se le está atragantando al Gobierno de Juanma Moreno a la espera de ver cómo funcionarán los avales a menores de 35 años para la compra de la primera vivienda que anunció la Junta hace unos meses.
Sin embargo, más allá de esta ley, en el centro de la polémica está la gestión que la consejería de Fomento y Vivienda, primero con Marifrán Carazo al frente y ahora con Rocío Díaz está haciendo del Bono Alquiler Joven. El dinero sigue sin llegar a la inmensa mayoría de los solicitantes y el presidente de la Junta se vio obligado a pedir perdón en el último pleno celebrado en el Parlamento de Andalucía.
La realidad es que la situación para miles de andaluces empieza a ser insostenible ya que muchos contaban con una ayuda que no llega provocando dificultades para llegar a fin de mes. En los diferentes grupos que utilizan para organizarse los jóvenes afectados ya se habla de posibles denuncias, incluso, por daños morales. Son varios los que cuentan testimonios sobre la ansiedad que sufren o sobre la obligación de volver a casa de los padres. Tampoco descartan una denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz.