Dos invitaciones a una página de Facebook han provocado que V.C. sea suspendido de empleo y sueldo durante dos meses, concluyendo así un calvario que comenzó años atrás. Su participación en una marcha por la liberación de vías pecuarias y en un pleno en nombre de una asociación ecologista para pedir la cesión de unos terrenos para viveros, también influyeron. Hace unos años, la acumulación de expedientes sancionadores provocó la petición de una sanción de seis meses de suspensión de empleo y sueldo para V.C., lo que implicaba su "destierro", ya que conllevaba “la pérdida de su actual destino en el puesto de Grazalema y la imposibilidad de solicitar otro durante un período de dos años en la Comandancia de Cádiz”.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo confirma la sanción a este guardia civil destinado en Grazalema, al que dos alcaldes del PSOE, el de Grazalema (Carlos Javier García) y la de El Bosque (Pilar García) han acusado de enviarles invitaciones a la página de Facebook de un círculo de Podemos de la Sierra de Cádiz. El agente recurrió la decisión y, posteriormente, se rebajó la sanción a dos meses de empleo y sueldo. El Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, determinó en marzo de 2019 que V.C. había incurrido en una falta disciplinaria grave, consistente en “expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política efectuando propaganda a favor de partidos políticos”.
El Supremo desestima íntegramente el recurso del guardia civil al entender que hay pruebas suficientes de los hechos y que no se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. V.C., en su recurso, negó los hechos, porque los alcaldes a los que supuestamente invitó pertenecen al PSOE y en su opinión no tenía sentido invitarles a seguir a otro partido, pero el Supremo señala que hay pruebas suficientes para concluir que las invitaciones se realizaron, por lo que incurre en “una inequívoca vulneración del deber de neutralidad política que a todo miembro del Cuerpo de la Guardia Civil (…) impone el apartado 1 del artículo 18 de la Ley que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil”.
Los miembros de la Guardia Civil no tienen permitido fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales, por lo que la invitación para seguir a Podemos “permite entender concurrente en los hechos el requisito de publicidad. De hecho, tanto la alcaldesa como el alcalde de El Bosque y Grazalema, respectivamente, declararon que el guardia llevó a cabo la acción a través de su perfil de Facebook. De ese modo, el recurrente infringió la limitación que legalmente pesaba sobre él de respetar el deber de neutralidad política”. Desde Podemos El Bosque niegan que el guardia civil tenga relación con el partido, que no ha acudido a ninguna de las asambleas abiertas celebradas por la formación morada, por lo que no entienden la sanción.
En diciembre de 2016, una intervención de un minuto en el pleno de El Bosque le dio bastantes quebraderos de cabeza a V.C. “La asociación está creciendo y cada vez somos más personas interesadas”, apuntaba entonces el Guardia Civil, que intervino en representación de la asociación Amigos del Bosque Acción Local para solicitar al Ayuntamiento la cesión de los terrenos del antiguo vertedero para instalar un vivero de árboles y plantas autóctonas. Esa acción le costó al agente seis meses de empleo y sueldo y la pérdida de destino por “incumplir la neutralidad política en ejercicio de su profesión”.
“En ningún momento pensamos que su condición de Guardia Civil podía suponerle un problema”, apuntan desde la organización bosqueña, que entendían que era “una total injusticia” esta sanción, ya que consideraban que era “desproporcionada”. “Por el simple hecho de hablar afecta no sólo a él sino a toda su familia”, agregaban. La sanción contemplaba
El agente, destinado en Grazalema aunque natural de El Bosque, volvió a su localidad natal tras pasar periodos en cuarteles de Mallorca, Ibiza y Almonte. Desde 2016, por participar en un pleno, viene sufriendo lo que muchos consideran una “persecución” que ahora se concreta en una sanción de dos meses. Tras anunciarse la suspensión de seis meses de empleo y sueldo y el “destierro”, asociaciones ecologistas realizaron concentraciones para mostrar su apoyo a V.C., e incluso el grupo parlamentario de Podemos, según su diputado por Cádiz Juan Antonio Delgado llegó a plantear al Ministerio de Defensa “la anulación de esa sanción y la reforma de la Ley Orgánica 12/2007 de Régimen Disciplinario de la GC en ese apartado”.
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