La Junta abona 1.100 euros menos del sueldo prometido a los vigilantes de las playas andaluzas

Han estado en el ojo del huracán, expuestos a los contagios —solo en puntos de la costa gaditana como El Palmar o Sanlúcar se han registrado positivos por coronavirus entre este personal temporal—, indefensos ante las iras de algún que otro veraneante —ha habido casos de agresiones verbales y hasta físicas—, y para colmo, han cargado con el sambenito de ser “los de los 1.900 euros”.

Los polémicos vigilantes del plan de Playas Seguras que se sacó de la manga en mayo pasado el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), con contrataciones por email con un plazo máximo de 24 horas para enviar candidaturas, es posible que vean sus contrataciones impugnadas —las colocaciones están judicializadas– y, para colmo, ni tan siquiera van a ganar los 1.900 euros netos prometidos. Ya este periódico publicó en su día casos de estos auxiliares que reconocían haber aceptado la plaza "sin saber cuánto iba a ganar, ni las horas que iba a trabajar".

El periodo inicialmente propuesto para este plan de empleo iba del pasado 15 de junio al próximo 15 de septiembre con posibilidad de ser prorrogado y los contratados, como anunció la Junta de Andalucía el pasado 26 de mayo, “cobrarán entre 1.900 y más de 2.000 euros netos mensuales en función de las categorías”. Desmontado el anuncio de que estas contrataciones se realizarían partiendo de la Bolsa Única de Empleo de Andalucía, ahora ya se sabe a ciencia cierta que tampoco era verdad el sueldo que se les prometió a los 3.000 afortunados con un puesto repartido por todo el vasto litoral andaluz.

“Lo que más nos preocupa es que hay auxiliares que han alquilado pisos, bungalows... han organizado su vida en base a lo que se les prometió y el salario final, tras los tres meses de trabajo, va a estar muy por debajo. De momento, ya llevan 1.100 euros menos ingresados de lo previsto, que ya incluye un plus por trabajar en fines de semana”, cuenta a lavozdelsur.es el diputado de Adelante Andalucía en el Parlamento Ismael Sánchez. Como explica el parlamentario, con nóminas en la mano de un caso práctico en la provincia de Cádiz, los mandamases del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, Juan Marín y el presidente Moreno Bonilla, “vendieron como proyecto estrella para este verano el plan Playas Seguras, por el que los auxiliares cobrarían un sueldo de 1.900 euros al mes. Empezaron a trabajar el pasado 15 de junio, por lo que a 31 de agosto deberían haber percibido 4.750 euros”. Nada más lejos de la realidad de sus nóminas.

Si ya sindicatos como CCOO o CSIF denunciaron que la forma de realizar el proceso de contratación fue un caos, destacando que “no ha pasado por negociación ninguna”, y ha sido puesto por el PSOE-A ante la Justicia, no hay que descartar que ahora muchos auxiliares se rebelen ante otra nueva promesa incumplida del Gobierno de PP y Cs. Sus nóminas reflejan un total de 3.650 euros por la segunda quincena de junio, julio y agosto, “muy lejos de los 4.750 euros que deberían ingresar según lo prometido”, recuerda Sánchez.

“¿Y por qué hacemos así la cuenta? Porque cuando denunciamos en julio pasado en Comisión de Presidencia que las nóminas eran muy inferiores a lo anunciado, Bendodo nos contestó que no estaba incluido el complemento por fin de semana y que eso se incluiría en la nómina de agosto y efectivamente ha sido así. Pero aún contando con ese complemento, la media mensual queda por debajo del sueldo prometido, exactamente llevan un acumulado de 1,099,79 euros menos de lo anunciado”, expone el dirigente político.

Para colmo, añade en declaraciones a este medio, “las Delegaciones del Gobierno han informado a las personas contratadas de la obligatoriedad de disfrutar las vacaciones, algo que también contradice lo que dijo el consejero, que aseguró que las vacaciones no disfrutadas se remunerarían y eso permitiría mejorar la nómina”. El Gobierno andaluz anunció que iba a destinar unos 23,8 millones de euros a la contratación de estas personas desempleadas que “dependerán de la Delegación de Gobierno de la Junta en cada provincia en la que presten servicio”.