Nueve familias de El Puerto, compuestas por 22 personas —entre ellas, 15 niños—, han aplazado, in extremis, el desalojo previsto para la mañana de este viernes. Estos vecinos, que residen en una finca propiedad de la Sareb —el conocido como banco malo—, tenían previsto el desalojo para esta jornada, después de que el Juzgado marcara este día como fecha del lanzamiento. La Policía Nacional, con la correspondiente comisión judicial, se personaron en la finca, pero finalmente tendrán un mes de prórroga para intentar solucionar su situación.
Pero finalmente las gestiones de la Oficina de Intermediación Sobre Desahucios del Ayuntamiento de El Puerto y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), lograron paralizarlo. El diputado andaluz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, también intercedió para atajar "esta situación tremendamente injusta", según sus propias palabras, por lo que llamó a la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz y al Defensor del Pueblo Andaluz para intentar paralizar el desalojo. "Pero se ha conseguido por la gestión de la PAH y de los movimientos sociales", matiza García, quien considera esta paralización como "una cuestión de justicia social".
"No puede haber un desalojo sin alternativa habitacional", sostiene el diputado de Adelante Andalucía, que no entiende que "las Administraciones no garanticen el derecho a la vivienda", máxime cuando en este caso, "la vivienda pertenece a la Sareb, que hemos rescatado con el dinero de todo el mundo". María del Carmen Lara, concejala de Participación Ciudadana de El Puerto, presente durante el lanzamiento fallido, asegura en declaraciones a Diario de Cádiz que el Consistorio no sabía nada de este proceso "hasta hace dos días". La representante municipal fue quien anunció que se había llegado a un acuerdo con la propietaria de la finca para paralizar el desalojo, que se prorroga un mes.