La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) ha considerado este sábado "insuficientes" para preservar unos 10.000 puestos de trabajo las medidas incluidas en el Decreto ley de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a los centros de primer ciclo infantil adheridos al programa de ayuda a las familias como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del coronavirus Covid-19, aprobado este pasado viernes por el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs).
En un comunicado, desde la CEI-A han avisado de que dichas medidas "son deficitarias y a todas luces insuficientes para el objetivo que pretenden, ya que, para preservar los puestos laborales del personal que presta sus servicios en los centros de infantil, es ineludible que el Gobierno andaluz asuma el precio total establecido para un servicio por debajo del cual es materialmente imposible sostener la carga laboral de nuestras profesionales".
Así, la organización señala que "no se invierte en el sector, ya que la postura de la Administración andaluza consiste en repartir el dinero que ya se le bonifica a las familias entre las plazas ocupadas de todos los centros". Una medida que, según estimaciones de CEI-A, supondría un desembolso de unos 180 euros por plaza ocupada frente a los 278,88 euros que se reciben actualmente entre lo que pagan las familias y lo que bonifica la Junta de Andalucía.
Es decir, según critica la Coordinadora, la Junta "pretende que las escuelas paguen los mismos salarios y gastos ordinarios —luz, alquiler, etcétera— con un 32% menos de los ingresos". Además, CEI-A remarca que, "ya de por sí, el precio por plaza es muy inferior a su coste real al llevar congelado más de una década", y subraya que "hablamos de un servicio puesto a la entera disposición de la Administración y sobre la que debe recaer la total responsabilidad de asegurar su viabilidad".
Desde CEI-A advierten de que los centros se encuentran "en una situación de precariedad al borde de la quiebra", por motivos que ya han sido "puestos en conocimiento en reiteradas ocasiones ante la Consejería de Educación y Deporte", como son que el precio del servicio esté "congelado desde hace más de doce años", la "actualización exponencial del salario mínimo profesional en los dos últimos años", el "aumento salarial recogido en el nuevo convenio colectivo", un "descenso histórico" de la natalidad y un "incremento de plazas sin control hasta el presente curso escolar y en perjuicio de la red consolidada de centros del primer ciclo".
Desde la CEI-A avisan de que los centros que conforman su base social están trasladando a esta organización que, "ante la imposibilidad de mantener la continuidad de los puestos de trabajo de sus profesionales en estas circunstancias, actuarán conforme a derecho según su propia casuística, pero adelantando a este organismo la imposibilidad de garantizar la continuidad de su personal".
"No podemos olvidar que hay 1.800 centros afectados y más de 10.000 trabajadores, más de un 95% mujeres con empleo de larga duración, esperando una solución", según advierte la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, que, "por todos estos motivos, y con el objetivo de frenar las trágicas consecuencias laborales que esta medida podría acarrear", pide a la Junta que "reconsidere su postura y vele por la supervivencia de la raíz del sistema educativo andaluz".