Casi un tercio de las personas solicitantes de eutanasia en España fallecen durante la tramitación de la prestación de ayuda para morir. En un comunicado, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), manifiesta que esta es una de las conclusiones que se extraen de la “escasa” información que ofrecen las administraciones implicadas en el desarrollo de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que este martes cumple tres años en vigor. Desde entonces, ocho comunidades autónomas no han publicado todavía ningún informe de evaluación de la prestación en su territorio, mientras los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad corresponden al lejano año 2022.
La DMD señala que en 2022 un total de 152 personas fallecieron mientras se tramitaba su solicitud de eutanasia, según el informe del Ministerio, que cifra en 576 las solicitudes totales de ayuda para morir. Sin embargo, "no se refleja ninguna información sobre 48 de esos casos porque no existe un informe del médico responsable". “En la práctica, los datos disponibles no permiten analizar la situación más que de manera superficial”, denuncia el médico y vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín.
En su evaluación de los tres años de la Ley de Eutanasia en España, la asociación critica la “excesiva duración” del procedimiento, con una media de 75 días (y una mediana de 55,5) cuando no debería prolongarse más de 35, así como el alto porcentaje de solicitudes denegadas, que asciende al 20% del total. “Además se ignora cuántas personas solicitaron la eutanasia en su testamento vital, porque en 215 casos no aparece este dato en el informe del Ministerio de Sanidad”, apunta Loren Arseguet, coordinadora internacional de DMD.
Según el informe del Ministerio de Sanidad, que cita la asociaciòn, en 2022 fallecieron por eutanasia un total de 288 personas en España. Se trata del primer año completo con datos oficiales, "porque en 2021 la ley entró en vigor el 25 de junio, y en los seis meses posteriores se registraron 75 eutanasias. En 2023, según la información recopilada por DMD hasta la fecha, se superó con holgura la cifra de 700 solicitudes y 300 eutanasias".
Las comunidades autónomas que no han publicado ningún informe de evaluación son Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra. "Tampoco Galicia, porque publicó un PDF de una página que no se puede considerar un informe”, afirma Fernando Marín. La propia Ley de Eutanasia establece que la comisión de garantía y evaluación de cada comunidad autónoma debe “elaborar y hacer público un informe anual de evaluación".
La asociación muestra su preocupación por el “maltrato institucional” que reciben algunos solicitantes de la prestación de ayuda para morir, lo que supone un “sufrimiento añadido” para estas personas y sus familias. Estos casos, “aunque no sean en absoluto la norma, son muy significativos, porque todos han pasado por el trámite de valoración de la comisión de garantía, y delatan las limitaciones y en ocasiones los excesos de estas comisiones”, explica Marín. “En algunos de estos casos, han llegado a describir el trato recibido como cruel, y eso nos lleva a preguntarnos si existen miembros de las comisiones de garantía y evaluación dispuestos a boicotear la ley por motivos ideológicos, políticos o corporativos”.
DMD ha trasladado al Ministerio de Sanidad 18 propuestas para que se incluyan en el Manual de Buenas Prácticas de Eutanasia. Entre ellas, que el Ministerio proponga un modelo de informe para todas las comunidades autónomas y una fecha de publicación. La asociación reclama al Ministerio de Sanidad la creación de un reglamento para la Ley de Eutanasia