En las últimas semanas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha compartido varios gráficos en sus redes sociales. Todos ellos de índole económica en los que se comparan los datos de sus mandatos con el último año socialista (2018). En estas infografías se puede observar que el peso de la industria ha crecido en Andalucía del 11,6% al 13,5% en cuatro años. O que la importancia de la industria andaluza en el conjunto del país ha pasado del 9,9% al 10,8%.
En las últimas fechas, el presidente de la Junta también ha presumido de los datos del paro tomando como referencia la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2023. Ahí se observa que el desempleo ha bajado casi cuatro puntos en los últimos cinco años, un hecho especialmente notable en la tasa de paro femenina, que ha pasado del 25,4% al 20,6%. Es habitual en los discursos de Moreno escuchar que Andalucía crece a mayor ritmo que el conjunto de España, e incluso, de Europa.
Hace tan sólo unos días, y no sin polémicas, el Parlamento de Andalucía convalidaba el decreto de simplificación administrativa más ambicioso que hasta ahora ha aprobado la Junta de Andalucía. En su presentación hubo un término que se repitió más que los demás: inversión. El Centro de Estudios Andaluces ha publicado hoy lunes un barómetros sobre identidad de Andalucía, aunque la encuesta escondía mucho más. Una de las preguntas hacía referencia a los ámbitos en los que Andalucía más había mejorado en los últimos cuatro años. El 20% ha respondido "lugar para invertir" mientras que otro 10% ha optado por inversiones. Son el primer y el cuarto término más utilizados para responder la cuestión.
Sin embargo, de forma simultánea el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2023 y, aunque el porcentaje de población en riesgo de pobreza aumentó a nivel nacional en un 0,5% durante 2022, año en el que se recogen los datos, lo cierto es que Andalucía es la comunidad más afectada por la situación.
La "locomotora" a la que muchas veces ha hecho referencia el Gobierno de la Junta de Andalucía para definir el curso económico de la comunidad sigue teniendo problemas que se concretan en los barrios más pobres de España ya que muchos de ellos siguen siendo andaluces.
La encuesta deja muchos datos significativos sobre la comunidad. Uno de ellos es la Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, que se mide a través del indicador Arope. En el último año, el porcentaje de ciudadanos que se encuentran en esta situación ha pasado del 26,3% al 26,9% en el conjunto de España. Una cifra que, desde luego, no es desdeñable. Sin embargo, la situación de Andalucía es mucho peor. Andalucía tiene la tasa Arope más alta de todas con el 37,5%. Esto es un punto y medio más que el año pasado. Sólo Canarias (33,8%) y Extremadura (32,8%) se acercan mientras que lejos quedan País Vasco (15,5%) o Navarra (17,2%).
Esta tasa contabiliza diferentes componentes y en la mayoría de ellos Andalucía lidera el ranking de las comunidades autónomas siendo la comunidad con mayor tasa de riesgo de pobreza (30,5%) o la que tiene un mayor porcentaje de personas con carencias materiales y sociales severas (12,6%). En renta por hogar se ha producido un incremento en el conjunto del país. Pese a ello, sólo Extremadura tiene un dato peor.
El pacto social con los sindicatos
Los problemas socioeconómicos de Andalucía y los andaluces no responden a una coyuntura actual. La comunidad arrastra años en esta situación. Por ello, el pasado año el presidente de la Junta de Andalucía firmó con los principales sindicatos un Pacto Económico y Social que tenía como objetivo dar respuesta a esta situación con medidas de calado para personas en situación de exclusión social.
Pero lo cierto es que dicho Pacto aún no se ha materializado. Hace tan sólo unos días, UGT, uno de los firmantes, cifraba la ejecución del acuerdo en un 58%. No obstante, la mitad de las medidas urgentes previstas aún no se han puesto en marcha. En esta línea, el secretario general, Oskar Martín afirmaba que no entendía el nivel de ejecución en algunas de las medidas urgentes "muy importantes para paliar la precariedad de las familias con riesgo de pobreza y exclusión social", con especial mención al Bono Familia y al Bono Carestía. "Tampoco consideramos en ejecución el Plan Urgente de Empleo Juvenil", ha subrayado.