Los siete trabajadores que estaban acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad por sus actuaciones durante la huelga del metal de Cádiz de finales de 2021 no entrarán en prisión. Un acuerdo in extremis con la Fiscalía lo ha evitado.
La Fiscalía les advirtió con aumentar las penas de prisión que pedía para ellos, de tres a cuatro años, cuando en la mañana de este jueves han acudido a los Juzgados para el juicio. "Entendemos que fue una medida de presión para presentar el posterior acuerdo. No se aceptó la primera propuesta, pero sí la segunda", comenta la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM).
Uno de los acusados ha sido absuelto de todos los cargos, otros cinco han aceptado un año y medio de cárcel de condena —si no se comete un delito en los próximos dos años, no se entra en prisión— y un séptimo ha sido condenado a un año de cárcel por desórdenes públicos. "Finalmente, de los siete trabajadores que defendía el abogado de CTM, tres han sido absueltos —dos con anterioridad al acuerdo de hoy—", ha reseñado el sindicato.
"Tanto CTM como nuestro abogado no estamos conformes con el acuerdo y hubiéramos continuado con el juicio, porque todos son inocentes, pero ante el gran riesgo que podía haber de que tuvieran que cumplir cuatro años de condena algunos de ellos, entendemos y respetamos la decisión de los acusados, que eran los que tenían que decidir y así lo han hecho", insiste la Coordinadora del Metal.
"En CTM estamos totalmente en desacuerdo con la Justicia que ataca constantemente a los trabajadores y no a quien debiera y que, en este caso, se ha aprovechado de la situación personal de algunos de los acusados", señala la Coordinadora, que asumirá los 1.800 euros de multa impuestos a todos los procesados.
"Lo que pretenden es frenar al movimiento obrero, pero los sindicatos alternativos estamos cada vez más organizados y no vamos a consentir este ataque brutal", ha dicho a las puertas de la Audiencia Provincial, este jueves, Jesús Galván, portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Metal.
Entre el 22 y el 24 de noviembre de 2021 tuvieron lugar los hechos por los que han sido citados judicialmente estos trabajadores del metal, concretamente en la barriada Río San Pedro de Puerto Real, donde se construyeron barricadas y hubo lanzamiento de objetos y de pelotas de goma por parte de los antidisturbios de la Policía Nacional.
En este lugar se produjo la icónica escena de la tanqueta, con la que se intentó disolver las protestas, una decisión por la que se ha criticado mucho al Gobierno central, y concretamente a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por usar contenedores a modo de barricadas para frenar el avance de la Policía, cortar calles o lanzar objetos, se los acusaba de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.